El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de miembros de su partido imputados por el Tribunal de Cuentas han presentado un recurso contra el rechazo a los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir sus fianzas.

El Govern ya anunció el pasado martes que ultima un recurso contra la decisión del Tribunal de Cuentas de rechazar los avales por valor de 5,4 millones de euros presentados a favor de casi una treintena de ex altos cargos por promocionar con dinero público el "procés" en el extranjero.

Este viernes, también ERC ha anunciado a través de un comunicado que la decena de imputados del partido, entre ellos Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, han presentado un recurso al Tribunal de Cuentas.

La defensa de los imputados de ERC pide que se admitan los avales y alega que los afectados "han sufrido un claro perjuicio al verse privados de la posibilidad de hacer uso del aval que les había otorgado el ICF conforme a la legalidad vigente", bajo el amparo de un decreto del Govern que no ha sido suspendido ni anulado.

Según la defensa, se ha hecho una "interpretación distorsionada del decreto ley" del Govern que regula la concesión de los avales del ICF, al considerar que "no cubre la responsabilidad contable, de manera incluso contraria a su literalidad".

Además, según argumenta el recurso, la decisión de no aceptar los avales pretende ser "inmune al control judicial, por el hecho de no haber podido alegar ni discutir la decisión sobre los avales antes de la resolución del pasado 14 de octubre de la magistrada, a pesar de haberlo pedido la defensa en reiterados escritos al tribunal".

Esto, añade el comunicado, "genera una absoluta indefensión a los imputados", ya que "tampoco se podrá volver a discutir en ningún otro momento procesal posterior", y "genera indefensión por el desconocimiento de las cuantías que hay que avalar, ya que la responsabilidad es solidaria".

Asimismo, ERC denuncia una "clara vulneración de la presunción de inocencia" cuando la magistrada instructora "prejuzga la concurrencia de dolo, culpa o negligencia grave por parte de los imputados y no lo afirma de forma indiciaria".

"Asume que los imputados actuaron con voluntad y mala fe. Y además lo hace en un acto definitivo, haciendo servir este prejuicio para estimar que esto los excluye del ámbito de aplicación del decreto ley", lo que "contamina gravemente la objetividad y la imparcialidad" del proceso, añade el comunicado de ERC.