El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera, fue designado ayer por el pleno de ese órgano como “juez natural” para llevar el caso incoado por el Ministerio Público (MP) contra la cúpula militar por la expulsión del país del mandatario Manuel Zelaya.

La Constitución hondureña establece que la CSJ tiene entre sus atribuciones “conocer de los procesos incoados a los altos funcionarios del Estado y diputados”.

El fiscal, Luis Rubí, presentó el jueves en la CSJ un “requerimiento fiscal” contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, integrada por seis oficiales, y pidió que se ordene su captura por la expulsión de Zelaya a Costa Rica después de su derrocamiento, el 28 de junio. La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.

La Junta de Comandantes está integrada por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes.

Por otro lado, el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, expresó ayer su temor de que el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, pague a un sicario en el extranjero para que le mate.

“Hay una preocupación de parte de muchos de nuestros funcionarios y, desde luego, de mi familia y mía, de lo que pueda pasar una vez que nosotros salgamos de esta posición”. Añadió que descubrió que “un ciudadano de Venezuela” hizo gestiones para pagar un millón para asesinarle.