El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional que le investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental que le permita acceder al conjunto de la causa, denunciando que aún no ha podido ver material clave para su imputación, como las declaraciones del ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal o informes policiales, lo que ha advertido de que le genera una "absoluta indefensión".
En un escrito del jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, el profesor universitario indica al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que, una vez ha podido acceder a la plataforma digital donde debería constar todo lo actuado, se ha dado cuenta de que no es así porque hay documentos mencionados por el magistrado en sus resoluciones que no figuran.
En concreto, llama la atención sobre dos cosas. Por un lado, un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se habría basado el instructor para desgajar estas pesquisas de las archivadas --por mandato de la Sala de lo Penal-- sobre la presunta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela y Cuba, un caso que se reabrió a raíz de las declaraciones y los papeles de Carvajal.
"No cabe duda de que debería constar en las actuaciones que se nos han aportado, no constando sin embargo en las mismas, con lo que se provoca grave indefensión a esta parte", señala la defensa de Monedero.
Asimismo, su equipo legal menciona otro oficio policial que reflejaría que Monedero sería titular de 92 cuentas corrientes, además de otros documentos elaborados por el cuerpo de seguridad.
LAS DECLARACIONES DE 'EL POLLO'
En segundo lugar, destaca la ausencia en dicha plataforma de la declaración judicial prestada el 27 de octubre de 2021 por 'El Pollo' ante García Castellón en el marco de la mencionada causa sobre las cuentas 'moradas'.
En la misma línea, reprocha que "tampoco consta referencia alguna a los supuestos testigos protegidos que habrían declarado en la causa", apuntando que debería poder saber al menos que los ha habido y han comparecido, aunque con "las oportunas garantías que permitieran proteger su identidad".
Aunque se muestra consciente de que el juez anunciaba una pieza de expurgo --para limpiar las pesquisas de datos personales de terceros ajenos a las mismas, que afecten a otros casos o al orden público--, critica que no consten las resoluciones por las que se acordó, los criterios seguidos para hacer la criba o el listado del material purgado.
"No consta en la causa que los documentos, en su mayoría referidos al propio investigado, sean secretos, respondan a ninguna información reservada, ni tampoco conste acuerdo alguno a tal respecto, por lo que no puede excluirse, prácticamente de forma absoluta, el acceso del investigado al material en que se basa el juez 'a quo' para la deducción de testimonio", sostiene.
"ACTIVIDAD INQUISITORIAL"
Monedero estima que todo ello "redunda en la indefensión generada a esta parte", mencionando específicamente vulneraciones de su derecho a un proceso equitativo y del principio de igualdad de armas, "máxime cuando el procedimiento ha sido continuamente filtrado mediáticamente siempre desde la única perspectiva de la actividad inquisitorial".
Este escrito supone el último movimiento del cofundador de Podemos después de que recurriera en apelación para conseguir que la Sala de lo Penal archive también esta causa, una petición a la que se ha sumado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
En su auto del 28 de julio, García Castellón acordó investigar a Monedero al observar un "movimiento triangular de fondos" por los 425.000 euros pagados por el Banco del ALBA a la Caja de Resistencia, propiedad del ex dirigente 'morado', por un "estudio comparativo", un dinero que se habría movido a Viu Europa. Además, apreció "faltas de exactitud" en documentos aportados por esta última mercantil.
Monedero expuso en su recurso que ese supuesto "movimiento triangular de fondos" no constituye indicio de ninguna actividad delictiva, sino un "mero reflejo de las relaciones económicas", en referencia al "pago a un subcontratista o a cualquier proveedor, por parte de un profesional o una empresa, cuando estos perciben el dinero que adeuda el cliente final".
De seguir el razonamiento del juez instructor, indicó el cofundador de Podemos, "cualquier subcontratación, 'outsourcing', externalización de servicios, cooperación entre distintos profesionales o contratación a terceros, sería siempre indicio de delito y supuesto indicio de incoación de investigación procesal penal".
