El 45% de los empleados públicos consume a diario psicofármacos, según la CSIF

Casi la mitad de los empleados públicos que hay en España (2,7 millones de personas) consume a diario ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, según un estudio elaborado por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

El perfil de este consumidor de psicofármacos es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo que consume ansiolíticos a diario, por soportar un exceso de carga de trabajo o percibir falta de reconocimiento profesional, ha señalado la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal, en rueda de prensa.

Así, la carga de trabajo, el escaso reconocimiento profesional y salarial y el mal clima laboral son las tres principales causas que alegan los encuestados para recurrir al consumo de psicofármacos, según constata la 'Encuesta sobre la salud mental en el ámbito laboral' de la CSIF realizada sobre una muestra de 2.028 empleados públicos de entre 25 y 64 años.

El cuestionario realizado revela que un 34,2 % consume ansiolíticos o tranquilizantes, el 19,6 % antidepresivos, el 14,4 % hipnosedantes y un 10,8 %, otro tipo de psicofármacos.

Un 51 % confiesa que recurre a esta medicación diariamente, frente a un 21% que lo hace "alguna vez al mes", un 15 % "en el último año" y un 13% "varias veces a la semana".

El 76% manifiesta que el trabajo influye a la hora de consumir estas sustancias psicoactivas y un 54,2 % lo relaciona con el exceso de la carga laboral mientras que un 44,6% lo vincula al escaso reconocimento profesional.

Para un 37,7 % el consumo está afectado por el mal clima laboral y citan el acoso laboral, conflictos en el trabajo e incluso posibles agresiones.

Otros factores que influyen son la inseguridad laboral (temporalidad e interinidad), en un 21,2 %; problemas con los usuarios a quienes prestan servicio (20,6 %) y problemas económicos para un 12,6 %.

Además, el 55% de los encuestados reconoce que no consumía estas sustancias antes de la pandemia y un 93% se queja de que en sus centros de trabajo no hay ninguna iniciativa de promoción de la salud o prevención de consumo de sustancias adictivas.

Para la responsable de Prevención de la CSIF, el escaso apoyo psicológico en las empresas y administraciones y la ausencia de una red de salud mental provoca que la atención a trastornos como la ansiedad o la depresión "no sea abordado de manera eficaz".

Abascal también ha subrayado el elevado número de bajas laborales por problemas de salud mental y su infradeclaración como contingencias profesionales.

Y ha recordado que el estrés y la depresión son "solo se reconocen como accidente de trabajo si la única causa es el trabajo", algo que entiende es muy difícil de justificar ante los tribunales. Abascal ha incidido en que actualmente el estrés es la segunda causa con más bajas laborales.

Por su parte, el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha informado de que la inversión en salud mental en España es de un 5%, dos puntos menos que la media de la Unión Europa.

Respecto al número de profesionales, Hontangas ha dicho que la ratio en España es de 25 psiquiatras por cada 100.000 habitantes cuando países como Suecia o Finlandia disponen de 150 y 200 profesionales por ese mismo grupo de población.

Y en el Sistema Nacional de Salud la ratio de psiquiatras es de 9 por 100.000 frente a los 19 de media en Europa, lo que supone en España un déficit de casi 4.000 profesionales en la sanidad pública, que se necesitarían "de forma inmediata".

Hontangas también se ha referido a los psicólogos clínicos con una ratio de 6 por 100.000 en el Sistema Nacional de Salud, que contrasta con una media de 18 en los sistemas públicos europeos. El responsable de Sanidad del CSIF ha calculado en 5.640 las necesidades urgentes de psicólogos clínicos en la sanidad pública.

Con esta situación ambos responsables han exigido al Gobierno una legislación específica de riesgos psicosociales con una directiva europea que España desarrolle con un real decreto.

Además, ha señalado que pese a que la OMS ha reconocido el 'burnout' o síndrome del trabajador quemado como enfermedad relacionadas con el trabajo, en España aún no se ha incorporado al cuadro de patologías profesionales.

También han reivindicado impulsar la vigilancia de salud mental en los centros de trabajo a la hora de hacer el reconocimiento médico y evaluaciones de riesgo psicosociales e incorporar la figura del psicólogo en los servicios de prevención.