Irene Montero, en el ojo del huracán de nuevo

Tres de las cuatro asociaciones de jueces han exigido este jueves la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyas críticas a la judicatura han sido cuestionadas con diferentes grados de intensidad por todo el arco parlamentario, socios de Gobierno e incluso algún compañero de partido.

La tormenta por la sucesión de revisiones a la baja de condenas a delincuentes sexuales en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual no arrecia a la espera de que los tribunales y la Fiscalía asienten un criterio para aplicarla, toda vez que el Ejecutivo descarta retocarla y apela a la prudencia.

El criterio podría comenzar a aclararse pronto, porque el Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa recursos presentados por condenados por delitos sexuales en los que piden adecuar sus castigos a las penas contempladas en la nueva ley y empezarán a abordarlos en menos de un mes.

Aunque desde el Supremo dejan claro que hay que estudiar caso por caso, su posicionamiento se antoja clave para la interpretación de la norma por parte de los tribunales.

También puede serlo la posición de la Fiscalía. Este jueves, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, no ha hecho mención a la circular que le reclama Igualdad para unificar criterio, si bien ha garantizado que los fiscales, ante cada caso, realizarán su trabajo con vocación de proteger a las víctimas y "claro respeto a los principios constitucionales".

El fiscal general se ha pronunciado en estos términos en un acto del Observatorio contra la Violencia de Género en el Senado en el que han coincidido buena parte de los implicados en la polémica, entre ellos la propia Irene Montero y el presidente del CGPJ, Rafael Mozo.

Montero ha insistido en que a los jueces españoles les falta formación en perspectiva de género, algo que ha negado tajantemente en su presencia la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, quien ha asegurado que las mujeres pueden estar seguras porque tienen "una sólida formación".

Aunque la ministra no ha hablado este jueves explícitamente de machismo, sus críticas de días anteriores han tenido un enorme impacto. Si ayer fue la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia quien cuestionó sus palabras, hoy las otras tres (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) directamente han pedido su dimisión.

También lo ha hecho el PP, pero los reproches han llegado desde muchos más flancos. Presidentes autonómicos del PSOE como Emiliano García-Page, Javier Lambán, Ximo Puig o Adrián Barbón han cuestionado tanto la redacción de la ley como el trato a los jueces y compañeros de gabinete como Miquel Iceta le han recordado que los miembros del Ejecutivo deben "ser muy escrupulosos" en el respeto al poder judicial.

Aunque desde el Gobierno le ha llegado un respaldo indirecto a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, quien ha recordado a los jueces que deben interpretar las normas "conforme a su espíritu", es decir aumentar la protección de las mujeres ante las agresiones sexuales.

Pese a la petición de prudencia del Ejecutivo, sus aliados parlamentarios ven que es necesario retocar la ley para evitar "fisuras", como han manifestado ERC, PNV, EH Bildu e incluso JxCAT.

Y se mantiene el silencio de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y del ministro Alberto Garzón, en tanto que el vicepresidente balear Juan Pedro Yllanes, juez y miembro de Podemos, ha salido en defensa de la judicatura ante las acusaciones de machismo.

Entre tanto, se suceden noticias sobre tribunales que rebajan las condenas mientras otros no lo hacen, como las 54 sentencias revisadas por la Audiencia de Logroño.

En este caso, por la aplicación de un precepto vigente desde el anterior Código Penal que indica que, aunque se rebaje la horquilla de penas en el Código, como ha ocurrido con la ley del solo sí es sí, si la condena impuesta a un reo está dentro de esa horquilla, la sentencia no se debe revisar.

La cuestión es que hay otros casos en los que la pena impuesta a un acusado ha dejado de estar en la horquilla de ese tipo penal, lo que obliga a la revisión a la baja de la sentencia.

Al margen de esa disposición, las penas máximas y mínimas han de respetarse. Es decir, si el delito de agresión sexual con penetración antes contemplaba una condena de 6 a 12 años y ahora es de 4 a 12 años, aquellos agresores condenados al mínimo posible (antes 6) ahora verán rebajado en dos años su castigo obligatoriamente.

En medio de este complejo debate, las víctimas se sienten desamparadas, como ha explicado a EFE el abogado de una mujer que fue agredida sexualmente en Alhendín (Granada) por su exmarido, al que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado su condena de prisión en dos años y medio. "Parece que yo sea la culpable. Algo que se hizo para beneficiar a las víctimas ha supuesto un regalo para el agresor".

Y los agresores tratan de beneficiarse. El abogado de "La Manada" -el grupo de cinco jóvenes condenados a 15 años por violación grupal en los Sanfermines de 2016- ha anunciado que en breve presentará el recurso por el único de los cinco que puede beneficiarse de la norma.