La rebaja de condenas a varios delincuentes sexuales en aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí marca este año el Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, ensombrecido también por los insultos de Vox a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La polémica por las reducciones de penas ha opacado una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad y ha situado en el centro de las críticas a su titular, Irene Montero, arropada por todo el Gobierno y la mayoría del arco parlamentario después de que la diputada de Vox, Carla Toscano, afirmara en el pleno del Congreso que su único mérito era "estudiar en profundidad a Pablo Iglesias".

Un insulto que ha reabierto el debate sobre los limites de la libertad de expresión y la violencia política y que ha llevado momentáneamente a segundo plano el debate jurídico sobre la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Aunque en un principio, mientras Igualdad centraba sus críticas en los jueces, los socialistas se abrieron a revisar la norma, pronto se sumaron a la defensa de una ley que, alegan, supone un cambio de modelo y busca proteger de forma integral a las víctimas.

Asumen en el Ejecutivo que al desaparecer el delito de abusos sexuales y definir como agresión todo comportamiento sexual sin consentimiento expreso, sin necesidad de tener que acreditar que hubiera violencia o intimidación, se pone en pie un nuevo paradigma con una horquilla de penas amplia que complica la revisión de las condenas.

Tras el decreto de la Fiscalía, que ha acotado al apoyo de los fiscales a determinadas rebajas de penas, el Gobierno confía en que el Supremo unifique criterios y también las limite, evitando revisiones de condenas cuando le pena que se impuso siga siendo posible con la actual reforma del Código Penal.

En ese argumento se ha basado la Audiencia de La Rioja para rechazar rebajas en 54 casos ya revisados; aunque otros tribunales, como las audiencias provinciales de Madrid, Zaragoza o Cantabria han defendido que si se impuso una pena mínima por una agresión sexual hay que reducir la pena, porque la pena mínima es ahora más baja.

PROBLEMAS DESDE SU INICIO

El proyecto ya generó controversia antes de llegar al Congreso. Discrepancias en el seno del Gobierno de coalición, entre Igualdad y Justicia, cartera que, encabezada entonces por Juan Carlos Campo, retrasaron quince meses el envío del texto legal al Parlamento.

Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno, llegó a señalar que tras las excusas técnicas que bloqueaban la ley había "mucho machista frustrado", una acusación que sus compañeras de partido dirigen ahora a los jueces que rebajan las penas.

Finalmente Justicia dio su visto bueno, aunque la actual titular del Ministerio, Pilar Llop, ha dejado claro que ella no formaba parte del Gobierno que aprobó aquel proyecto. Aunque ha asegurado que se trata de una buena ley, ha evitado mostrar un respaldo rotundo a la nueva tipificación de los delitos sexuales.

Sí ha calificado como "óptimo" alguno de los cambios introducidos en el Código Penal, que antes, por ejemplo, calificaba como simples abusos la agresión sexual a una persona privada de sentido, al no haber ni violencia ni intimidación.

LA PROSTITUCIÓN, EL SEGUNDO GRAN ESCOLLO

Superadas las diferencias en el seno del Gobierno, el segundo gran escollo surgió en la tramitación parlamentaria del proyecto, que endurecía el castigo del proxenetismo y penalizaba la "tercería locativa", a quien se lucrara con el alquiler de locales para la prostitución.

Varios de los tradicionales aliados del Gobierno en el Parlamento, de ERC a Bildu o el PNV rechazaron esos artículos, mientras que los socialistas abogaban incluso por ir más allá en el castigo a los proxenetas.

Cinco años después de la violación de la Manada, la ley volvía a situarse en el centro de la polémica y, ante le riesgo de que su aprobación fuera imposible, ya que la norma no contaba con el apoyo del PP, los socialistas dieron marcha atrás y retiraron los artículos sobre el proxenetismo.

Decidieron entonces impulsar en solitario una proposición de ley que incluye incluso multas para los puteros, iniciativa que, a falta del apoyo de los aliados, podría ver la luz apoyada en el PP.

GRIETAS EN EL FEMINISMO ANTE EL 25N

Si la prostitución divide a la izquierda y al feminismo entre quienes defienden el derecho de las mujeres a prestar servicios sexuales y quienes la consideran una forma de violencia sobre la mujer, la ley trans impulsada por Igualdad ha abierto una brecha mayor.

Por vez primera hubo división en las tradicionales manifestaciones del 8 de marzo y el Movimiento Feminista de Madrid ha anunciado ya que este 25N saldrá a la calle contra el machismo, la prostitución y el borrado de las mujeres.

Un borrado que ven posible con la ley trans, que permitirá a cualquier hombre cambiar de sexo en el registro por su mera voluntad y ocupar desde entonces espacios reservados para las mujeres, alerta este movimiento.

El PP, que se opuso a la ley del solo sí es sí, se ha sumado a esta tesis y rechaza de plano la ley trans, una reivindicación histórica de los colectivos LGTBI en tramitación ya en el Congreso.