El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este jueves que luchará para poder volver en libertad y que no lo hará "ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente", en alusión implícita al magistrado Pablo Llarena.
Lo ha dicho en un mensaje telemático desde Bélgica después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) haya eliminado el delito de sedición del procesamiento contra el expresidente catalán pero lo haya mantenido por los delitos de desobediencia y malversación.
Ante ello, Puigdemont ha destacado que quiere "librar la batalla europea hasta el final", pese a admitir que puede no tener el resultado esperado.
"Asumo el riesgo que conlleva también que la batalla europea no sea el esperado, pero el riesgo es mucho más alto si aceptamos la idea de que, en otoño de 2017, hicimos algo diferente que el de cumplir democráticamente con nuestro compromiso y que esto merece algún tipo de condena", ha subrayado.
Para Puigdemont, el Supremo ha dejado clara su interpretación y cómo aplicará "la poco afortunada reforma de la malversación, y no es una interpretación nada positiva, como los promotores de la reforma esperaban".
Así, el también eurodiputado de Junts ha reiterado a las autoridades españolas que no pide "ningún beneficio" ante su situación personal porque --ha asegurado-- no cree en ello y porque considera que no sirve para resolver el conflicto catalán.
Por ello, tras cinco años de vivir en Bélgica, ha reivindicado su apuesta por la justicia europea, destacando que es consciente de lo que supone y también del "daño" que haría que la abandonara por el hecho de que le conviniera más.
"No se trata de aceptar ser condenado por delitos supuestamente menores, que no lo son. Se trata de no permitir ninguna condena por decisiones políticas, y esto no lo puede asegurar ningún pacto con el Gobierno ni ninguna connivencia con la justicia de ese país", ha añadido.
Tras señalar que no le guían cálculos personales ni partidistas, ha acusado a España de seguir haciendo "política desde los tribunales y de cambiar actos judiciales a conveniencia sólo para conseguir un fin político, el de perseguir y penalizar el proceso de independencia".
"No es una justicia democrática", ha lamentado el expresidente catalán, que ha opinado que la reforma del Código Penal no revertirá esta tendencia.
