El Gobierno ha avalado la instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre cómo se debe gestionar la obtención de la nacionalidad española por parte de descendientes de exiliados prevista en la nueva Ley de Memoria Democrática, un texto que encendió las alarmas en el PP porque, a su juicio, revela que un "órgano administrativo" ha ido más allá de lo previsto por "el legislador" durante la tramitación de la norma.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno asegura que la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es "acorde" a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, así como "a la jurisprudencia de la Audiencia Nacional".
"Por ello, la norma se está desarrollando conforme a sus principios rectores", zanja el Ejecutivo en la respuesta remitida a varios diputados del PP que se interesaron por la instrucción, entre ellos María Jesús Moro, una de las ponentes de la Ley de Memoria Democrática.
Con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ha quedado derogada con la que entró en vigor en octubre, hubo un plazo de tres años para que solicitaran la nacionalidad "las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", así como "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".
Sin embargo, en la nueva ley se da esta posibilidad a "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".
También permite solicitarla a los hijos e hijas de que quienes la obtuvieron gracias a la ley de 2007, a quienes la consigan gracias a la nueva, y a los hijos e hijas "nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución".
Según ha explicado a Europa Press la diputada María Jesús Moro su formación no presentó enmiendas a esta disposición sobre nacionalidad porque entendía que venía a cubrir las lagunas que había dejado la legislación anterior, como la de las mujeres que tuvieron que renunciar a la nacionalidad española.
En el PP creían que no era la mejor redacción y hubieran preferido que este asunto se regulara en otras normas, puesto que va más allá de los temas de memoria, pero optaron no poner objeciones. Pero después se les encendieron las alarmas cuando vieron que la instrucción dictada en octubre por la Dirección General de Seguridad Jurídica hace, a su juicio, una interpretación "por encima de lo que dice la ley" y amplía a los beneficiarios.
Según Moro, en la instrucción han "colado" que "se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955". Pero también han añadido en la instrucción que "si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado".
"Se está abriendo claramente a los descendientes de las personas que salieron, pero no van a poder acreditar que fueron exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual", sostiene Moro. Y eso, denuncia, "no se puede hacer con una instruccion de un órgano administrativo, sino que tendría que hacerse por una modificación legal". En opinión de la diputada del PP, la dirección general de Seguridad Jurídica "está haciendo de legislador".
El PP sospecha que la instrucción hace una "trampa" y que el objetivo es "meter por la vía rápida nacionalidades de un montón de gente" de forma "arbitraria" y sin "ningún control", avisa Moro, quien también alerta de que la finalidad de la norma vigente era facilitar la nacionalidad a los descendientes de los exiliados políticos y a las mujeres que tuvieron que renunciar a ser españolas, pero no a todos los exiliados.
"Eso puede condicionar en un momento determinado un vuelco electoral y que disfruten de todos los derechos, incluidos los que acarrea pertenecer a la Unión Europea, personas aunque no vivan en España y tengan muy poca vinculación con el país", añade la diputada.
Además, las sospechas de que "hay algo extraño" se han acrecentado en el PP porque, según relata Moro, desde los consulados se está trasladando la idea de que "están llegando instrucciones para hacer nacionales rápidamente por esta vía" mientras que hay solicitudes de nacionalidad que llevan dos años "durmiendo el sueño de los justos".
Entre los documentos que, según la instrucción, deben aportar los descendientes de exiliados políticos, figuran los que acrediten haber accedido a pensiones por exilio o los provenientes de oficinas de refugiados.
También servirán las "certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura".
