Jueces y fiscales negocian con el Ejecutivo una mejora de su oferta económica

Las asociaciones de jueces y fiscales mantienen esta mañana la segunda ronda de la mesa de retribuciones con el Gobierno, al que pedirán una mejora de la oferta de 44,5 millones de euros planteada el pasado miércoles por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para evitar la huelga convocada a partir del día 16.

Tras varios días de consultas internas y de puesta en común por las siete asociaciones, este lunes trasladarán su respuesta a los ministerios de Justicia y de Hacienda, cuya propuesta de aumento salarial "queda muy lejos" de la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado las carreras judicial y fiscal en los últimos años, han afirmado a EFE fuentes próximas a la negociación.

En la reunión en el Ministerio de Justicia, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales expresarán "qué cosas se pueden mejorar" de la oferta que recibieron el miércoles, tanto en términos de "cantidades" como de "conceptos".

"No todos los problemas se van a poder solucionar esta vez", según las mismas fuentes, que se muestran, sin embargo, "razonablemente satisfechas con cómo han ido las cosas" hasta ahora, "sobre todo porque se han negociado".

La mesa de retribuciones es el órgano previsto por la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Aunque se debe convocar cada cinco años, desde su creación en 2003 no ha cumplido estos plazos.

Como está previsto por dicha norma, en el encuentro del miércoles participaron representantes de los Ministerios de Justicia y de Hacienda, así como de las asociaciones de jueces y fiscales, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De llegar al día 16 sin acuerdo, la de jueces y fiscales sería la tercera huelga en lo que va de año en la administración de Justicia, tras la de los letrados y la actual de los funcionarios de los juzgados y tribunales.

Estos últimos han acusado al departamento que dirige Pilar Llop de "absoluto clasismo" en sus políticas de personal y retributivas: "Solo a una pequeña parte (de la administración de Justicia), precisamente la más privilegiada", se le reconocen sus funciones y se les retribuye por ellas, reprochó el representante de CCOO, Luis Calero, en una protesta frente al ministerio el pasado jueves.