El juez que investiga la 'Operación Cataluña' toma declaración este viernes, en calidad de investigado, al comisario jubilado José Manuel Villarejo en el marco del procedimiento que sigue a raíz de la querella que presentó el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell.
Está previsto también que, a partir de las 10.00 horas, comparezcan a declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid el exinspector Antonio Giménez Raso y el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) Alberto Estévez.
El instructor les ha citado después de escuchar a Rosell, que el pasado 10 de mayo ratificó su querella al tiempo que pidió al juez que llegase "hasta el fondo" de la investigación para "limpiar" España de "tramas político policiales".
Fue el pasado febrero cuando el titular del Juzgado admitió a trámite la querella en la que Rosell apunta a que Villarejo, Giménez Raso, Estévez y el agregado del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Madrid Marc L. Varri estarían implicados en la emisión y presentación de informes policiales "mendaces" que tuvieron como destinatario el Juzgado Central de Instrucción que acordó la prisión provisional del empresario catalán durante dos años.
En la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, se indica que "varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía, miembros del Gobierno español y dirigentes del Partido Popular, entonces gobernante, con la inestimable ayuda de determinados periodistas y medios de comunicación, se concertaron para elaborar un plan contra dicho movimiento político, al que suele hacerse referencia con el nombre de 'Operación Cataluña'".
Según apunta en el texto, se trataba fundamentalmente de "obtener información y confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, imputar, perjudicar y desprestigiar a personas que, de una u otra manera, fuera cierto o no, se consideraban cercanas al citado movimiento --independentista--, ya se tratara de cargos políticos, personajes públicos, líderes sociales o empresarios".
En declaraciones a la prensa, el abogado de Rosell, Pau Molins, detalló que el juez pidió a su cliente una serie de "aclaraciones" sobre determinados querellados, en referencia a la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, a la juez Carmen Lamela y a varios fiscales mencionados en la querella.
De acuerdo con la misma, el 6 de noviembre de 2012 tuvo lugar una reunión entre Villarejo y Sánchez-Camacho, entonces presidenta del Partido Popular en Cataluña. "A lo largo de dicha conversación (...) Sánchez-Camacho facilitó al comisario una auténtica 'lista negra' de personas que, a su juicio, debían ser investigadas y perseguidas policialmente por su relación con el independentismo. Entre tales personas se encontraba Sandro Rosell", indica.
El letrado incidió en que Rosell estuvo en prisión por una trama que tenía por objetivo "la lucha contra el independentismo a través de las cloacas del Estado" y de la que el empresario "era absolutamente inconsciente".
Al hilo, Molins recalcó que Rosell "siempre sospechó, estando en prisión, de que esta no era una cuestión jurídica" y subrayó que tuvo que "esperar casi seis años para averiguar cuál era la verdadera motivación que se escondía tras su imputación (...) que luego acabó en absolución".
