El Tribunal Supremo Federal de Irak ordenó hoy al Parlamento iraquí que vuelva a reunirse para elegir un nuevo presidente y un nuevo primer ministro y dio por cerrada una primera sesión parlamentaria, celebrada el pasado 14 de junio y que quedó suspendida.

Esta decisión es clave para acelerar los trámites necesarios para la designación parlamentaria de un presidente del país y un jefe de Gobierno, que está pendiente desde que se conocieron los resultados de las elecciones del pasado 7 de marzo.

Fuentes judiciales precisaron que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la decisión del Parlamento de mantener en suspenso su primera sesión, lo que le permitía alargar sine die los plazos establecidos para nombrar presidente y primer ministro.

Las mismas fuentes judiciales dijeron que, a partir del anuncio de hoy, el Tribunal Supremo espera que el Parlamento vuelva a reunirse dentro de quince días para tomar las decisiones que están pendientes.

Numerosas ONG habían interpuesto denuncias ante el Tribunal Supremo Federal contra la decisión parlamentaria de dejar en suspenso su primera sesión y habían solicitado el retorno de la actividad parlamentaria o la celebración de nuevas elecciones.

Irak lleva meses en medio de negociaciones políticas, dentro y fuera del país, porque ninguna de las coaliciones que se presentó a los comicios del 7 de marzo logró los escaños suficientes para poder formar gobierno en solitario.

La coalición laica "Al Iraqiya", del ex primer ministro Ayad Alaui, quedó en primer lugar con 91 de los 325 escaños de la Cámara, por delante de la alianza Estado de Derecho, del primer ministro saliente Nuri al Maliki, que obtuvo 89 asientos.

De acuerdo con la Constitución iraquí, el Parlamento unicameral debe elegir al nuevo presidente (con pocas funciones ejecutivas) dentro de un plazo de treinta días a partir de la primera sesión del poder legislativo.

Pero el pasado 14 de junio, cuando se celebró esa sesión, que se prolongó por veinte minutos, las deliberaciones fueron aplazadas hasta la reanudación de la sesión, por lo que no había comenzado a correr el plazo de treinta días fijado por la Constitución.

La misma Carta Magna establece que, una vez elegido el presidente, el jefe de Estado tiene un plazo de quince días para designar al líder político del mayor bloque parlamentario para que intente formar gobierno.

La persona elegida tiene a su vez un plazo de treinta días para formar su gobierno, pero si no consigue los suficientes apoyos políticos, el presidente designará a otro dirigente político para que intente integrar un gabinete.

Las fuerzas políticas no han logrado todavía ponerse de acuerdo para formar un Ejecutivo debido a los ajustados resultados de las elecciones.