El Tribunal Correccional de París decidió retrasar todo el juicio, que se había iniciado el lunes, tras haber aceptado la tramitación de una Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad planteada por otro de los acusados, en concreto el que fuera director del gabinete de Chirac en la alcaldía, Rémy Chardon.
El antiguo jefe del Estado se apresuró a reaccionar a este nuevo aplazamiento ante los previsibles reproches que se le iban a hacer de estar tras ese procedimiento dilatorio y anunció con un comunicado que estará "presente en la fecha fijada por el tribunal para la reanudación de las audiencias".
Por si no había quedado claro el mensaje, su abogado George Kiejman, insistió en que "hay que acabar con este rumor de que (Chirac) está detrás de este aplazamiento" ya que ni él ni sus letrados tienen "nada que ver con este procedimiento".
Más allá de ese discurso, el hecho es que Chirac no quiso aparecer este martes, como tampoco lo hizo este lunes, en el Palacio de Justicia, donde la gran expectación había reunido a decenas de periodistas (sólo acreditados había casi un centenar) que se tuvieron que contentar con perseguir a los abogados y a otros imputados menores.
La tramitación de la Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad significa que se da un margen de tres meses al Tribunal de Casación para examinar la demanda del letrado Yves Le Borgne en nombre de Chardon, en la que sostiene que los delitos están prescritos, puesto que la ley establece un plazo máximo de tres años desde que se cometen.
Aunque el presidente del Correccional, Dominique Pauthe, convocó a todas las partes "en torno al 20 de junio", para esa fecha el Tribunal de Casación puede haber optado por elevar la cuestión al Consejo Constitucional, que tendría otros tres meses para emitir un dictamen.
Por si fuera poco, el propio Chirac es miembro del Consejo Constitucional en tanto que antiguo jefe del Estado y el presidente del organismo, Jean-Louis Debré, es hermano de uno de los encausados.
Todo esto vendría a complicar aún más las cosas y a desencadenar nuevos procedimientos por conflictos de intereses que harían todavía más incierto un proceso que podría tener que celebrarse durante la campaña para los comicios presidenciales de la primavera de 2012.
La argumentación de Le Borgne es que la jurisprudencia francesa desde hace años ha prolongado el periodo de la prescripción de los cargos de corrupción de los que aquí se trata a quince o veinte años, pero que eso contraviene la Constitución.
La demanda concierne a la instrucción que se llevó a cabo en el Tribunal de París por 21 empleos ficticios a cargo del Ayuntamiento de París entre 1992 y 1995 durante el mandato de Chirac al frente de la alcaldía (1977-1995), justo antes de que accediera a la jefatura del Estado (1995-2007).
Además, el proceso ahora aplazado también incluía el sumario instruido en el Tribunal de Nanterre, en el que Chirac es el único acusado después de que ya hubieran sido condenados varios dirigentes del que fuera su partido, el RPR, incluido el que llegó a ser su primer ministro, Alain Juppé, actualmente ministro de Defensa.
Chirac había eludido la comparecencia ante los jueces en este segundo sumario -referido a otros siete empleos también remunerados por las arcas municipales de la capital francesa para personas que en realidad ocupaban diversos puestos en el RPR- en virtud de la inmunidad de que gozaba mientras estuvo al frente de la presidencia de Francia.
Transparencia Internacional lamentó el nuevo retraso del juicio contra Chirac y criticó que "esta utilización de los recursos del procedimiento (...) corre el riesgo de reforzar la idea cada vez más extendida entre los franceses de una Justicia de dos velocidades en la que el Derecho está instrumentalizado en beneficio de una categoría de ciudadanos privilegiados".
Sobre el fondo de la cuestión, la ONG recordó que la OCDE considera que el periodo de prescripción de los delitos de corrupción en Francia ya es demasiado corto para poder investigar y sacar a la luz hechos que por su propia naturaleza suelen intentar disimularse.
