Fuentes del caso han informado que la Fiscalía se ha remitido a su informe por escrito, en el que considera que existen al menos indicios suficientes contra todos los imputados: el asesino confeso Miguel Carcaño, su amigo Samuel Benítez, su hermano Francisco Javier Delgado y la novia de éste, María García.
El abogado de esta última, José Antonio Salazar, ha argumentado que su cliente llegó al piso de la calle León XIII de Sevilla a medianoche del 24 de enero de 2009 y no hay certeza de que el cuerpo de la víctima fuese sacado hacia las 2 de la madrugada, como asegura el juez.
También ha rechazado el "indicio" contra ella consistente en la presencia de su ADN en un cable alargador y en un rollo de esparadrapo, pues la joven ha reconocido desde el primer momento que frecuentaba el piso de su novio.
El defensor de Francisco Javier Delgado, por su parte, se ha basado en que la única prueba de que el hermano del asesino confeso estuviese en el piso donde ocurrió la muerte es el testimonio del menor de edad apodado El Cuco, cuya "nula credibilidad" se vio en el juicio que celebró en febrero el Juzgado de Menores, que está pendiente de sentencia.
En su primera declaración, El Cuco aseguró que llegó al escenario del crimen cuando ambos hermanos terminaban de envolver el cadáver de Marta en una alfombra, pero en el juicio dijo que no violó ni mató a Marta ni estuvo en ningún momento en el piso de la calle León XIII. Por ello, Carrión interpreta que "la credibilidad de este menor está por los suelos. Lo que dijo antes o lo que dice ahora es mentira, y no se puede admitir que para unas cosas se crea su declaración y para otras no".
En el nuevo auto de procesamiento, el juez impuso a cada acusado una fianza de 250.000 euros, enumeró los "indicios racionales" contra cada uno y fijó en una franja horaria situada en torno a las dos horas de la siguiente madrugada la operación para sacar el cuerpo de la víctima hasta deshacerse de él en un lugar desconocido.
En enero pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó que el caso Marta fuese enjuiciado por un tribunal profesional y no un jurado, de acuerdo con la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los delitos conexos.
Aunque también debe repetirse la fase de calificación, es previsible que la Fiscalía de Sevilla vuelva a pedir 52 años de cárcel para el asesino confeso y penas de entre 5 y 8 años para sus cómplices, han indicado a Efe las citadas fuentes.
El juez notifica mañana la sentencia del 'Cuco'
Por otro lado, el juez de Menores número 1 de Sevilla, Alejandro Vián, ha convocado este jueves a partir de las 10.00 horas a las distintas partes personadas en el procedimiento para notificarles la sentencia contra el menor conocido como el 'Cuco', acusado de la violación y el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo.
De este modo, fuentes judiciales han informado de que el juez ha citado a las 10,00 horas tanto al Ministerio Público como a los abogados de la familia y del menor acusado para darles cuentas de varias "resoluciones".
Al ser varias resoluciones, las mismas fuentes entienden que el juez va a darles traslado de su decisión en cuanto a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la representación jurídica de la familia de la víctima y de la sentencia contra el 'Cuco'.
Durante el juicio celebrado los pasados meses de enero y febrero, la Fiscalía de Menores solicitó para el acusado una condena de seis años de internamiento en un centro cerrado, seguido de tres años de libertad vigilada por un delito de asesinato; dos de agresión sexual --uno como autor directo y otro por facilitar la agresión sexual perpetrada por Miguel Carcaño--, y uno contra la integridad moral por el daño causado a los padres al no desvelar el paradero del cuerpo.
De igual modo, la Fiscalía interesó que el 'Cuco' indemnice al Ministerio del Interior en la cantidad de 616.319,27 euros, importe en el que cifra las labores de búsqueda del cuerpo de la menor tanto en el río Guadalquivir como en el vertedero de Alcalá de Guadaíra y en la localidad de Camas.
Por último, y en caso de que el juez "no considere que existan pruebas suficientes de la directa participación del menor en todos los hechos", la Fiscalía pidió que se le condene por un delito de encubrimiento, pidiendo en este caso tres años de internamiento en centro cerrado.
