El vicepresidente del comité de derechos humanos del Parlamento iraní, Mohamad Karim Abedi, instó este domingo a denegar el permiso de entrada en el país al nuevo relator de la ONU para los derechos humanos en Irán, Ahmad Shahid, elegido esta semana en Ginebra.

En declaraciones divulgadas por la agencia estatal de noticias iraní Irna, Abedi subrayó que antes de preocuparse por Irán, Naciones Unidas debe hacerlo por Estados Unidos e Israel, ya que en opinión de las autoridades iraníes estos dos países "son los dos máximos violadores de derechos humanos del mundo".

"Estados Unidos, el Reino Unido y el régimen sionista son los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo y el consejo de derechos humanos de la ONU en vez de Irán debe tratar las violaciones de esos países", afirmó.

"Acusar a Irán y a los países que se oponen a ese triángulo siniestro de violar los derechos humanos es un modo de desviar la culpabilidad y huir hacia adelante", agregó.

"Estados Unidos y Arabia Saudí han creado terribles cárceles en Bahrein, y ahí torturan a los jóvenes opositores musulmanes", apostilló.

Según las estadísticas que maneja la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, Irán es, con más de 300 ahorcamientos al año, el segundo país del mundo que más ejecuciones realiza, solo por detrás de China y por delante de Arabia Saudí y Estados Unidos.

Irán mantiene desde hace años un enconado pulso con la comunidad internacional, y en particular contra las grandes potencias, que le acusan de ocultar, bajo su programa nuclear civil, otro de naturaleza clandestina y ambiciones bélicas cuyo objetivo sería adquirir armas atómicas.

Esas sospechas se han incrementado en los últimos días, después de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) presentara un informe en el que señala que cree que el régimen iraní ha mantenido su actividad militar nuclear al menos hasta 2010.

En febrero de ese año, Irán desoyó las advertencias mundiales y puso en marcha un programa de enriquecimiento de uranio al 20 por ciento, desafío que llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a imponerle nuevas sanciones internacionales.

Además, se decidió sancionar a 32 altos miembros del régimen, a los que se acusa de violaciones de los derechos humanos.