Esta moratoria, acordada el pasado 7 de octubre con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, mantiene abierta la línea de trabajo para aplicar los acuerdos adoptados el 16 de septiembre por la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado sobre el traspaso a la Administración autonómica de las funciones y servicios pactados.
El proceso de aplicación de dichos acuerdos se encuentra en fase muy avanzada pero aún no ha concluido, por lo que se hace necesaria la prórroga de la encomienda para garantizar la continuidad y normalidad de la prestación de los servicios públicos vinculados al Guadalquivir, según ha informado la Junta.
Esta encomienda fue suscrita el 7 de abril de 2011, con una duración prevista de seis meses, como solución transitoria para garantizar la gestión mientras se desarrollaba el proceso de adecuación al ordenamiento jurídico derivado de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia.
La medida, de carácter provisional, ha evitado además durante estos meses la paralización de los proyectos desarrollados desde que la Junta de Andalucía asumiera en 2008 los medios y servicios de la cuenca, según el Ejecutivo andaluz.
