Así, Pastor indicó que el proyecto de la Torre Cajasol infringe “el ordenamiento jurídico” al no haberse tramitado la petición de los permisos y autorizaciones pertinentes a AESA. “No se pidió autorización por parte del antiguo equipo del Ayuntamiento de Sevilla para los casos de actuaciones que puedan invadir el espacio aéreo, un requerimiento que es pertinente si hay alguna obra que invada dicho espacio”, explicó.
Pastor puntualizó que en este caso la multa se impone al promotor de la obra en cuestión, pero que fue el Ayuntamiento quien otorgó la licencia de dicha infraestructura, una licencia que “no tenía autorización por invasión del espacio aéreo”. AESA, según confirmó Pastor, incoó el expediente a Cajasol hace dos meses y el plazo para pagar la sanción está a punto de expirar. “Primero deben abonar la sanción y luego ver cómo se adaptan al ordenamiento jurídico.
Acciones legales
Ante tal anuncio, y según informaron ayer a Viva Sevilla fuentes de la promotora, los servicios jurídicos de Cajasol están trabajando para, en los próximos días, “recurrir por la vía contencioso administrativa la sanción”, cuyo plazo termina “a principios de marzo”, ya que desde la entidad consideran que han actuado “de acuerdo a la normativa municipal vigente”.
Además, las mismas fuentes explicaron que la sanción de Fomento se ha producido porque “no se hizo la petición de autorización pertinente a AESA” y que esa solicitud por presunta invasión del espacio aéreo “a quien le correspondió hacerla fue al Ayuntamiento de Sevilla”.
“En este caso, -continuaron- el anterior equipo de gobierno municipal entendió que no había que pedir ningún tipo de autorización ni permiso puesto que en el PGOU de 2006 no se contempla dicha obligatoriedad al determinar que no había servidumbre aérea en esa zona”.
Irregularidades del PGOU
El origen de la problemática viene dado por ciertas irregularidades en el PGOU de 2006, que vulnera la normativa estatal en materia de seguridad aérea al no recoger la obligación de informar a las autoridades sobre edificaciones de cierta altura.
“El ordenamiento jurídico obliga a pedir este tipo de permisos para construcciones de más de 100 metros estén o no estén dentro de la zona de servidumbre aérea. Es de sentido común y por seguridad ya que todos sabemos que en la aviación se pueden dar muchas circunstancias de emergencia”, explicó a Viva Sevilla, Ventura Galera, miembro de Túmbala, plataforma que en su día ya avisó de que el proyecto de la Torre Pelli incumplía estos requisitos.
“Hace dos años Fernando Mendoza -otro de los miembros- presentó un escrito al ministerio avisando de estas irregularidades”, señaló.
A fin de solucionar todas estas cuestiones, la semana que viene se producirá en Madrid una reunión entre varios técnicos de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y del Ministerio de Fomento.
