Una sentencia de la Sección Séptima, a la que ha tenido acceso Efe, asegura que los acusados ponían en su bar "Coyote" de Dos Hermanas (Sevilla) música "a un volumen notoriamente excesivo, lo que ocasionaba ruidos intolerables en el interior de las casas de los vecinos", y en varias ocasiones rompieron los precintos que colocaba la Policía Local.
El acusado Gabriel B.P., dueño del bar situado en la Avenida de España, y la encargada Sara B.M. cometieron este delito contra el medio ambiente desde al menos agosto de 2007 hasta mayo de 2008, por lo que junto a los cuatro años de cárcel son condenados a indemnizar en cuatro mil euros al único vecino que mantuvo su acusación hasta el momento del juicio.
Los acusados ponían la música "a diario en horario nocturno y en especial durante las madrugadas de todos los fines de semana". Ambos "conocían las graves molestias que causaban a los vecinos, quienes les mostraban sus quejas" pero pese a las constantes inspecciones de la Policía Local "volvían a conectar la música". Como consecuencia de numerosas denuncias administrativas y policiales, los agentes comprobaron "el exceso de ruido en todos los casos y, en algunas inspecciones, las medidas puestas por los acusados para no ser descubiertos", explica la sentencia. En el expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento se detectó entre el 19 y 24 de noviembre de 2007 que los niveles de ruidos "superaban el límite permitido en 6 decibelios diurnos y en 16 nocturnos".
Añade el fallo que el 29 de diciembre de 2007 los técnicos policiales comprobaron que el domicilio de A.V.M. se superaban en 2,9 decibelios a las 0:10 horas los límites máximos de enmisión sonora establecidos reglamentariamente. Por esta razón se dictó resolución municipal el 14 de diciembre de 2007 ordenando el precinto del foco emisor de ruido, por lo que el 14 de enero de 2008, al haberse comprobado por medición el exceso acústico y el incumplimiento de las resoluciones del Ayuntamiento, se ordenó la suspensión de la actividad del bar. Dicha orden fue notificada al acusado el 25 de enero de 2008 aunque ni él ni la encargada, que decía ser también dueña del negocio, atendieron nunca los requerimientos.
Según los jueces, para burlar la orden de diciembre de 2007, los acusados, si bien mantenían el precinto del reproductor de música, habían conectado un ordenador y un televisor a un amplificador para emitir música a elevado volumen sin pasar por el limitador. El 28 de abril de 2008 se volvió a precintar el aparato de música y la Policía indicó al acusado de que, de quebrantarlo, cometerían un delito, pero pese a ello el 14 de mayo de ese año la Policía constató que "el precintado y la orden de cierre estaban tirados en el suelo". Debido a la exposición reiterada a ruidos por su frecuencia, intensidad, duración y falta de control, los vecinos vieron "gravemente afectado su sosiego, descanso nocturno y conducta", lo que les ha generado "intenso estrés, con el consiguiente riesgo de afectar gravemente a su salud general".
