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Lunes 18/11/2024
 
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España

El exequipo del PSOE en Almonte se enfrenta a una denuncia por prevaricación

El Ayuntamiento de Almonte (PSOE) se enfrenta a una denuncia del actual consistorio (PP) por supuesta prevaricación

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El Ayuntamiento de Almonte (PSOE) se enfrenta a una denuncia del actual consistorio (PP) por supuesta prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación, en relación con la compra del campo de golf de Matalascañas (Huelva), y que ha sido admitida a trámite.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado (Huelva) ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que expone que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Según el auto "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable".

Por tanto, el juez dispone que se oiga en declaración al alcalde presidente de la corporación actual, José Antonio Domínguez, como representante de la entidad perjudicada.

La denuncia fue interpuesta contra 13 de los 14 concejales que formaban parte de equipo de gobierno del PSOE en la legislatura anterior, entre ellos los actuales ediles en la oposición Francisco Bella Galán (ex alcalde), José Villa García, Azucena León Gerona y Dolores Cáceres Ramos.

Junto a ellos, figuran en la denuncia otros cinco imputados como presuntos responsables de la venta del campo de golf desde la sociedad mercantil Exclusivas Doñana S.L.

Mediante el acuerdo plenario de 8 de abril de 2009, se aprobó con los votos socialistas la permuta de catorce parcelas urbanas ubicadas en la aldea de El Rocío y 2,9 millones de euros a cambio de la adquisición del 100 por ciento de las participaciones de la sociedad Exclusivas Doñana S.L.

Un acuerdo adoptado, según entiende el actual equipo de Gobierno popular, al margen del procedimiento legalmente establecido y en cumplimiento del protocolo suscrito en noviembre de 2008 con el Ayuntamiento de Almonte.

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