"Ya existe como dos urbanismos, uno el que desarrolla el señor Roca, que sigue desarrollando su labor, que no se amilana, y otro el del señor Julián Muñoz en el propio Ayuntamiento y tenía su propio abogado allí", ha apuntado María Castañón, quien ha vuelto a declarar como testigo este miércoles en el último bloque del juicio del caso 'Malaya', que continuará el próximo miércoles día 2 de mayo con más testificales.
Además, el presidente del Tribunal encargado del enjuiciamiento, José Godino, ha informado al finalizar la sesión de que ha sido renovado el nombramiento de la secretaria judicial asignada al procedimiento, cuya comisión de servicio concluía este mes, después de que el magistrado pidiera que se prorrogara hasta el final de la vista oral y los letrados de los acusados mostraran su apoyo a esta petición.
Castañón ha indicado que de forma "subliminal" los funcionarios vieron que Julián Muñoz quiso hacerse cargo del urbanismo en detrimento de Roca, explicando que cuando el presunto cerebro de la trama de corrupción negociaba un convenio "llamaba a Julián Muñoz, venía al despacho y lo firmaba", pero, cuando fue alcalde, "es más reticente y ya no es tan expeditivo".
Ha señalado que ese cambio de actitud en Muñoz fue "in crescendo" y los trabajadores notaron "un rechazo, no sólo al señor Roca, sino a toda la oficina de Planeamiento". "Decía el señor Roca que al final de la mañana iba a venir el señor Muñoz a firmar los convenios tal y tal, que a lo mejor llevaban firmados por la otra parte 15 días, se preparaban y el señor Julián no aparecía ni ese día, ni al siguiente ni al otro, aunque al final los firmaba".
Ha manifestado que hubo acuerdos urbanísticos "que yo me he enterado con posterioridad cuando me han preguntado en algunas diligencias sobre ellos".
En este punto, ha explicado que fue Muñoz el que pidió el borrador del convenio de Guadalpín, "uno de los pocos en los que intervino conmigo". Ha explicado que la obra estaba en construcción, se paralizó y "en fecha determinada el señor Muñoz se dirige a mi y me dice se ha paralizado Guadalpín y vamos a firmar un convenio para levantar la paralización", contestando ella que "había problemas con los vecinos".
Ha relatado que le dijo que iba a hablar con Roca "para llegar a un acuerdo", por lo que ha aseverado que el principal acusado del caso 'Malaya' "intervino en Guadalpín a requerimiento en este caso del señor Julián Muñoz y se llegó al acuerdo para levantar la paralización y abonar los excesos de aprovechamientos". Ha añadido que en este caso "a luz vista de todos el que tenía interés es Julián Muñoz", pero Roca "por obligación me tenía que indicar a mí todo".
Castañón ha considerado que la moción de censura contra Julián Muñoz en 2003, aunque "venía de atrás" por las desavenencias entre el también exregidor Jesús Gil y éste, "el detonante fue el despido del señor Roca", señalando que, a su entender, estuvo relacionada con el control del urbanismo. Ha apuntado que ya antes de las elecciones Gil y Roca le habían solicitado ya una fotocopia de la legislación donde se regula la moción de censura.
ROCA Y LOS CONVENIOS
No obstante, la testigo ha dicho que Roca era de facto el responsable del urbanismo de Marbella, ya que "mandaba tanto en Planeamiento y en el día a día", apuntando que "el pulso, el impulso de urbanismo, a quién iban los promotores con los problemas relacionados con sus licencias" era a Roca, indicando que éste era una "figura técnico-política". Ha precisado que no entraba en los informes que se emitían por parte de los técnicos.
Ha reiterado que el presunto cerebro era el que negociaba estos documentos y que la celebración de convenios hasta 2003 era "incesante", mientras que en los que tuvieron lugar después, "que no fueron muchos", ha dicho que no puede responder por ellos, "porque yo mandaba el borrador al señor Roca y él se encargaba de recoger las firmas". Ha apuntado que en estas negociaciones no participaba ninguno de los concejales
Castañón ha indicado que como "práctica habitual" los convenios daban lugar a la licencia, que se basaban en ese acuerdo como "título legitimador" para la concesión; y ha manifestado que era conocido por los entonces concejales que los permisos de obra "se amparaban en la revisión del plan general" y también por los promotores que solicitaban esas licencias.
