El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado la creación de un Servicio de Información que permitirá a los afectados por el 'robo de niños' el acceso a la documentación que está en manos de la Administración. Además, el Instituto Nacional de Toxicología incorporará los perfiles genéticos a una única base de datos, mientras que validará gratuitamente las muestras que reciba por primera vez.
Gallardón ha hecho estos anuncios en una rueda de prensa tras reunirse con las asociaciones de bebés robados, a quienes ha trasladado los avances del Gobierno. Según ha dicho, la Administración no puede ser "insensible" ni "ajena" ante el "dolor" y "sufrimiento" de estas familias.
Aunque es consciente de que el trabajo de búsqueda es "duro" y "extenso" y de que no existen "recetas mágicas" que resuelvan los casos "de un día para otro", el ministro ha adelantado las actuaciones que, con "celeridad" y "rigor", ha impulsado su departamento para abordar este asunto.
Justicia pondrá en marcha entre finales de "diciembre y principios de enero" un Servicio de Información que facilitará a las posibles víctimas el acceso a la documentación obrante en la Administración relativa a su filiación natural, sus datos registrales y expedientes sanitarios. Representantes de las asociaciones podrán estar presentes en este centro.
Los interesados aportarán sus datos identificativos o los relacionados con su nacimiento y pruebas genéticas a este Servicio, que contará con una oficina física en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid y solicitará a las instituciones públicas los antecedentes que puedan tener sobre estos casos.
El Ministerio prevé que las comunidades autónomas tengan "antenas" para que la "actividad presencial no sea necesaria". Así, una aplicación informática permitirá a los afectados informarse del estado de su asunto y registrar los datos necesarios para crear un censo.
ACCESO AL INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA
Hoy mismo, el Ministerio ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden por la que se crean dos ficheros de datos de carácter personal relacionados con los supuestos de posible sustracción de recién nacidos, y se aprueban los modelos oficiales de solicitud de información. Uno se refiere a la información administrativa y otro corresponde a perfiles de ADN.
Una aplicación informática gestionará esta información para que los afectados puedan conocer su identidad y su origen biológico. Ésta pretensión se ve "en muchas ocasiones insatisfecha" en la vía judicial, según ha reconocido el ministro, que podrá "todo su aparato administrativo" para atender a los afectados.
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que por primera vez será accesible a los particulares sin necesidad de que exista un requerimiento judicial previo, centralizará los perfiles genéticos y validará las muestras que reciba de laboratorios privados para garantizar su calidad y que "no haya fisuras por las que el juez pueda declarar que esa prueba no es válida", según informaron fuentes de Justicia.
Esta primera validación será gratuita para los afectados y en caso de que sea necesario cruzar los datos en posteriores ocasiones, el coste será asumido por ellos. Las fuentes consultadas destacan que estas nuevas pruebas no pueden sufragarse por razones presupuestarias y que los afectados pagarán en torno a 200 euros, un precio inferior al de los centros privados.
Además, se crea una guía de actuación dirigida a los médicos forenses en el caso de que tengan que practicar exhumaciones de recién nacidos con el objetivo de que sean realizadas con el "máximo rigor técnico", evitando "contaminaciones externas" y garantizando que los análisis se realicen en las condiciones más favorables para determinar el vínculo biológico.
Tras las intervención del ministro, los representantes de las asociaciones han celebrado la utilidad de estas herramientas, mientras que han demandado que la totalidad de las pruebas sean gratuitas y que se instale una Comisión Nacional de Búsqueda y unidades especializadas de Policía Judicial. Además, han defendido la no prescripción de los delitos de sustracción de niños tras la "brecha" abierta por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid.
