Los cinco detenidos por el caso de presuntas irregularidades en las obras del AVE en el tramo de La Sagrera en Barcelona que estaban pendientes de comparecer ante el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona han comparecido este miércoles ante la magistrada Silvia López Mejía y cuatro de ellos se han negado a declarar, han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Se han negado a declarar dos cargos de Adif, Mauro B. y Carlos P., que según fuentes de la investigación, viajaron a las pistas de esquí de Aspen, en Estados Unidos, en un viaje en el que estaban empresarios de Corsan y otras empresas constructoras, junto a otro imputado de Adif, Jaime G.L., jefe de obras del tramo investigado del AVE.
La estancia en los hoteles las pagó un subcontratista de Corsan --que luego denunció los hechos-- y costó en torno a 14.000 euros, aunque no ha trascendido si el resto de los gastos --el billete, las pistas de esquí, las comidas-- pudieron pagarlos otras empresas.
También han comparecido en el Juzgado este miércoles dos cargos de Corsan, que tampoco han declarado ya que el caso está bajo secreto de sumario y que todavía no han podido tener acceso a las diligencias de investigación, y un ingeniero de Inocsa, el único que sí ha declarado, aunque no ha trascendido qué explicaciones ha dado.
Según les ha trasladado la juez a los comparecientes, se les investiga dentro de un caso por irregularidades en la adjudicación de la obra del tramo Sagrera-Nus de la Trinitat y los delitos son prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y falsificación documental.
Por el momento, el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil sigue analizando la documentación recopilada en los 11 registros que realizó el 5 de mayo en Barcelona y Madrid.
Los otros cinco detenidos en la operación --entre ellos el que era director de la línea noreste del AVE, Rafael R.-- comparecieron el pasado miércoles ante la juez y quedaron en libertad con cargos por cohecho, malversación de fondos públicos y falsedad documental, con la imposición de una fianza de 30.000 euros.
