El juez instructor del caso Nóos, José Castro, interrogará el próximo 31 de mayo a tres testigos en relación a una transferencia de 12 millones de euros supuestamente efectuada el 5 de julio de 2007 por Telefónica a la cuenta de un empresario español radicado entonces en Ucrania, unos hechos que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona y parte de cuya documentación ha sido remitida al juez Castro.
En concreto, a las 12.30 horas ha sido citado el jefe de la Asesoría Jurídica de Telefónica mientras que a las 13.00 y las 13.30 han sido emplazados dos altos ejecutivos de la empresa, quienes serán inquiridos sobre las circunstancias que rodearon a este traspaso de dinero.
Entre estos documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se encuentran diversas misivas enviadas por el receptor del traspaso a Telefónica, en las que insinúa que el dinero estaba relacionado en realidad con la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), controlada por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, e investigada por ser la supuesta sucesora del Instituto Nóos y por haber sido presuntamente utilizada para desviar dinero al extranjero.
"El verdadero motivo de la transferencia era disponer de un capital por si se decidía devolver todas las facturas realizadas por una fundación sin ánimo de lucro (en referencia a la FDCIS), pero luego se cambiaron los planes porque devolver los importes significaba aceptar tácitamente los delitos", asevera el empresario en una de las cartas.
Tal y como recalca el empresario de la construcción en otra de ellas, fechada el 26 de junio de 2011, se encontraba en el banco en su condición de administrador de Odessa cuando le notificaron la recepción de la transferencia. "Pretendían, creían, que yo era un alto ejecutivo de Telefónica que, de incógnito, iba a invertir", asevera la carta, en la que relata cómo "nadie comprendía allí que me negase rotundamente a aceptar ese importe, como tampoco el de los gastos".
"Ni yo ni mi empresa teníamos nada que ver con Telefónica", recalcaba al director de la Asesoría Jurídica de la multinacional. Según señalaba, a los dos días de esta operación se vio "obligado a abandonar Odessa y dejarlo todo, es decir, todo", ya que había una denuncia de estafa por esta transferencia y "era mejor que regresara a España". "Lo perdí todo", recuerda el empresario, asegurando que ha realizado numerosos intentos por contactar con Telefónica para reclamar "el resarcimiento de los daños provocados".
En otra de las misivas, de marzo de 2012, el afectado explica, de nuevo al jefe de la Asesoría Jurídica de Telefónica, que remitiría copia de la transferencia al juez Castro "para que investigue el origen y sobre todo el objetivo final de la citada transferencia". Tras ello, señala en otro documento, un "alto ejecutivo" de Telefónica "me pidió que éste era un momento muy sensible como para que en un Juzgado apareciera una transferencia de ese importe y el 5 de julio de 2007".
En esta línea, justifica esta petición en que la transferencia "podía relacionarse con el nombramiento de un consejero de Telefónica en junio de 2006, que en agosto de 2008 fue nombrado consejero de Telefónica Internacional y trasladado a Washington", en referencia a Urdangarin. "En palabras textuales de esa persona: 'No nos interesa estar en el ojo del huracán y mediáticamente nos puede perjudicar enormemente'", recuerda el empresario.
Urdangarín solicitó en agosto de 2012 su excedencia del contrato que tenía como consejero de Telefónica Internacional "ante la posibilidad de que el procedimiento judicial abierto pudiera tener alguna incidencia negativa para el grupo".
