La defensa del presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio O.M., ha presentado un escrito ante el Juzgado en el que solicita a la juez María Antonia de Torres que proceda a la apertura de una investigación judicial contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos debido a la difusión de datos de su patrocinado.
La presentación de éste y otro escrito, a los que tuvo acceso Europa Press, se produce después de que el pasado viernes la magistrada ordenara en un auto el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de su cliente. En el auto de prisión, al que tuvo acceso Europa Press, la jueza no informa de los delitos que se le imputan al presunto agresor sexual bajo el amparo del secreto de las actuaciones.
Este auto ya ha sido recurrido ante la propia magistrada mediante un recurso de reforma. La Policía le acusó de cinco agresiones sexuales, cinco delitos de retención ilegal, tres intentos de secuestro, dos homicidios intentados y un delito de allanamiento de morada.
La defensa de Antonio O.M. expone en uno de los escritos que, pese a la existencia del secreto de las diligencias, éste "ni lo es en realidad ni puede considerarse el que sirva a los efectos legalmente previstos". Tras ello, detalla varias noticias publicadas por los medios en los que se ha difundido el nombre y apellidos de su patrocinado, así como su imagen y sus antecedentes policiales, entre otros datos.
Así, censura la rueda de prensa que ofreció el mismo día que se detuvo a su cliente en Santander en la que se ofrecieron multitud de datos de las pesquisas judiciales y policiales. "Esta situación atenta al más elemental derecho a la defensa en todas sus vertientes, y de la misma manera, invalida todos los medios de prueba que puedan sustentarse en cualquier reconocimiento de identidad que se pueda producir", recoge el texto judicial.
Tras la exposición de sus argumentos, solicita a la jueza de Torres que tenga presente su oposición a la realización de una rueda de reconocimiento sobre su representado, quien se encuentra en la prisión de Soto del Real.
REVELACIÓN DE SECRETOS
También pide que se deduzca testimonio contra el ministro del Interior a fin de que por el Juzgado que le corresponda "proceda a la investigación judicial de la presunta omisión de un delito de revelación de secretos" contra él y "las demás personas que puedan aparecer como autores de tal delito todas ellas, en principio, pertenecientes al Cuerpo Nacional de la Policía".
Además del ministro, estuvieron presentes en la rueda de prensa la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díaz, y el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, José Luis Conde, entre otros mandos policiales. Fuentes jurídicas han aclarado que la petición se refiere a solo los mandos policiales que han difundido datos de su cliente.
Además, requiere a la Policía que se abstenga de "hacer público cualquier dato relativo a esta investigación, tanto pasado como futuro, y en especial a la posible práctica de diligencias y las fechas de realización de las mismas, todo ello bajo apercibimiento legal de las consecuencias penales correspondientes".
En el recurso de reforma contra el auto de prisión, el letrado reclama que se declaren nulas las actuaciones practicadas, dado que la situación inicial de detención de su cliente se ha realizado con "violación y desconocimiento" de derechos constitucionales.
Por tanto, pide su libertad, puesto que su actual situación de prisión preventiva es resultado de "la situación creada con anterioridad", que "no es acorde con los derechos constitucionales vigentes".
RUEDA DE PRENSA
Durante la rueda de prensa, en la que el ministro aceptó preguntas, Fernández Díaz habló del detenido, sin especificar el nombre que más tarde se filtró, señalando que era un varón de 42 años que ya había cumplido condena de siete años en los años 90 por un delito similar contra una niña de 6 años.
Asimismo, señaló que contaba con un amplio historial policial por robos con violencia, robos con fuerza y violencia de género. Aportó datos sobre sus actividades: explicó que se dedicaba a compraventa de vehículos, que era aficionado a artes marciales y culturismo, que era violento y que tenía relaciones con el crimen organizado.
