El Gobierno vasco ha advertido al Ejecutivo central de que "no existe relación alguna de jerarquía entre Euskadi y el Estado", por lo que ha anunciado su "enésimo" recurso de inconstitucionalidad contra una ley estatal--en este caso la de Racionalización del Sector Público-- porque supone un "inaceptable quebrantamiento" del Estatuto de Autonomía de Gernika.
El portavoz del Gobierno autonómico, Josu Erkoreka, que ha anunciado la decisión tras el Consejo de Gobierno semanal, ha explicado que, como en anteriores casos, ahora se abre un plazo de seis meses para que ambas administraciones puedan alcanzar un acuerdo que evite tener que formalizar el recurso ante el Tribunal Constitucional.
La decisión de recurrir la Ley de Racionalización del Sector Público --el "enésimo" recurso de este tipo por parte del Gobierno vasco, según ha reconocido Erkoreka-- responde a la "grave invasión competencial" que implica esta normativa.
Esta ley adopta diversas medidas de racionalización y reestructuración del sector público propuestas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administración Pública (CORA), ante el que el presentó en septiembre más de 96 alegaciones por "excesos competenciales, vaciamiento y degradación del Estatuto de Gernika".
El gabinete de Iñigo Urkullu explica que, en este texto legal, "el Gobierno español determina que la Base de Datos Nacional de Subvenciones es la única válida para publicar todas las ayudas". De esa forma --añade-- "obliga a todas las administraciones públicas a suministrar a la Administración General del Estado toda la información sobre las subvenciones". Además, "tipifica como
falta grave, con posibilidad de anulación de las convocatorias, el no trasvase de información".
El Gobierno autonómico considera que la Administración Pública vasca "ya garantiza perfectamente los principios de publicidad, transparencia y difusión de la información", y que "esta imposición del Gobierno español es una extralimitación competencial". "No es tolerable que la validez de una convocatoria realizada por
una Administración Pública dependa de la voluntad y acción de otra, en este caso, de la Administración General del Estado", argumenta.
El Ejecutivo vasco recuerda que la Propia Ley General de
Subvenciones incluye una Disposición Adicional que no ha sido modifica y que asegura que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, "en virtud de su régimen foral", esta ley "se realizará con respeto a lo establecido en su Estatuto de Autonomía".
BOLETINES OFICIALES
Por otra parte, Erkoreka ha censurado que a través de la Ley de Racionalización del Sector Público "el Gobierno español ha establecido la obligatoriedad de que todas las comunicaciones oficiales que las administraciones tengan que realizar a personas que no hayan podido ser localizadas, deban publicarse en el Boletín Oficial del Estado".
A su juicio, de esta manera "la Ley española devalúa el
papel del Boletín Oficial del País Vasco, relegándolo a una posición de mera complementariedad y subordinando la actuación de Euskadi a la voluntad y control de la Administración General del Estado".
"PATRIMONIO INSTITUCIONAL"
El Gobierno vasco denuncia este "ataque frontal e injustificado" al BOPV, del que ha afirmado que "además de ser una herramienta fundamental que refleja y hace pública la actividad administrativa de Euskadi puede ser considerado como patrimonio institucional que debiera ser inequívocamente reconocida y protegida todos los poderes públicos.
"Este exceso del Gobierno español muestra un desconocimiento profundo de la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno", destaca el Ejecutivo, que en la documentación aportada al término del Consejo de Gobierno en el que se ha adoptado esta decisión recuerda que "no existe ninguna relación de jerarquía entre Euskadi y el Estado".
Erkoreka ha afirmado que "no se puede utilizar el pretexto de reducir trabas y facilitar la relación Administración-ciudadanía para quebrantar el Estatuto de Autonomía de Gernika".
El Gobierno vasco, tal y como establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, propondrá, de manera previa a la interposición del recurso, negociar durante seis meses, en la Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco, los artículos que considera invaden las competencias de Euskadi.
En estos momentos, en el seno de esta comisión, se están negociando otras dos leyes: la Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, y la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
Además, en lo que va de legislatura, ambos gobiernos han llegado a acuerdos sobre diez leyes, lo que ha evitado otros tantos sendos recursos de inconstitucionalidad.
