El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a quien ha correspondido la querella interpuesta por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra Francisco Gómez Iglesias, el 'pequeño Nicolás', ha devuelto la causa al juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que se inhibió la pasada semana en favor del órgano Central, por una cuestión de forma.

   La decisión del Juzgado Central de Instrucción número 1, que no prejuzga a quien corresponde investigar este asunto, le devuelve la documentación al juez número 43 porque éste le había remitido la causa completa original, y no un testimonio de la misma como correspondería legalmente, han informado fuentes jurídicas.

   La remisión a la Audiencia Nacional de este asunto se produjo el pasado día 22. La querella se presentó en los juzgados ordinarios por través de la Abogacía del Estado por la supuesta comisión de un delito de injurias graves a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

   El magistrado del juzgado de Instrucción número 43 considera que la competencia en el asunto corresponde a los juzgados centrales de instrucción, ya que el CNI es un alto organismo de la Nación y los delitos cometidos contra ellos son competencia exclusiva de ese tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

   El 'pequeño Nicolás' está además siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid por un delito de estafa y falsedad documental. Por ahora, se ha negado a declarar en dos ocasiones al no estar el secreto levantado completamente.

QUERELLA DEL CNI

   La Abogacía del Estado presentó el pasado 3 de diciembre una querella a instancias del CNI contra Gómez Iglesias por un presunto delito de injurias.

   El delito se habría producido en relación a las declaraciones que este joven realizó en varios medios de comunicación asegurando que había realizado trabajos para el Centro Nacional de Inteligencia, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

   Esa personación se solicitó en defensa de los intereses públicos y de las instituciones del Estado que han podido verse afectadas por la presunta actuación delictiva de este joven.

   Con anterioridad, el propio ministro de Defensa había manifestado públicamente que los servicios jurídicos del Estado estaban analizando si las declaraciones públicas de Gómez Iglesias, eran "constitutivas de algún tipo de infracción o delito" y en tal caso "se personaría en las causas que están inicialmente abiertas" contra él.