La instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, ha decidido incoar diligencias previas por la comisión de delito electoral, de falseamiento de cuentas y cohecho contra el expresidente del PP ourensano y de la Diputación Provincial, José Luis Baltar Pumar, y se ha inhibido en favor del Partido Judicial de Ourense en la investigación sobre irregularidades en la financiación del PP de Ourense durante la etapa del barón popular.

   En un auto fechado el 25 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, Pilar de Lara acuerda que en la pieza que investigará si el exbarón popular cometió los referidos tres delitos se incluirán las declaraciones del propio Baltar, las de Emilio Pascual --el exgerente del partido que lo acusó de ser el máximo responsable de una caja B-- y las de personal del PP en esa provincia, así como los informes de Vigilancia Aduanera.

   Pilar de Lara retiene en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo las investigaciones sobre el PP de Ourense y José Luis Baltar relacionadas con el Grupo Vendex, grupo empresarial que se sitúa en el epicentro de la mayor investigación judicial contra la corrupción instruida en Galicia y que se investiga si entregó sumas de dinero al exbarón en mayo de 2011, así como a otros representantes políticos e institucionales.

   En su auto, la jueza califica de testigo "cualificado" al exgerente del PP de Ourense y señala que se ha podido "ratificar la veracidad" de su testimonio, que "vendría a dotar de certeza la hipótesis acerca de la recaudación de dinero por parte de José Luis Baltar, quien dispondría de elevadas cantidades de dinero en efectivo, de procedencia presuntamente ilegal, que permitieron la existencia de cobros y pagos continuados en el tiempo, al margen de la contabilidad oficial del partido, dando lugar a una estructura paralela de gestión económica a modo de caja B".

FACTURAS A NOMBRES DE CANDIDATOS

   A la vista del último informe de Vigilancia Aduanera, Pilar de Lara alude a las empresas Gallega de Publicidad & Diseño y Nacher Publicidad. Además, señala que en relación al año 2011, cuando se celebraron elecciones municipales y generales, candidatos del PP declararon que desconocían la existencia de facturas emitidas a su nombre y que nunca habían concertado servicio alguno con esas empresas.

   Los candidatos depositaron en el PP la responsabilidad de esos encargos y del abono de las correspondientes facturas, por lo que la jueza advierte que, de ser ciertas sus afirmaciones, se habría cometido también "un delito de falsedad documental".

   En este punto, llama la atención sobre el testimonio del candidato del PP a la Alcaldía de Ourense en 2011, Rosendo Fernández, quien sí reconoció la factura y dijo que la pagó en efectivo con dinero que tenía en casa y que había retirado de su cuenta en previsión de este tipo de gastos. No obstante, Vigilancia Aduanera cree que sus declaraciones son "carentes de toda lógica y podrían indicar un deseo de encubrir el pago real efectuado por el partido", porque no creen lógico realizar "retiradas de efectivo de una cuenta sin conocer el gasto real que se va a realizar desde un año antes".

   Pilar de Lara cree que, ante los datos recabados por la investigación y el testimonio del exgerente, e incluso el del propio Baltar Pumar, "el PP de Ourense habría recibido donaciones, tanto de particulares como de empresas, sobre todo en época electoral". "Tales donaciones eran siempre en efectivo y quien las recibía era José Luis Baltar y no se registraban en la cuenta abierta expresamente para ello", continúa.

   A juicio de la instructora de la Pokémon, "se puede presuponer que dichas cantidades de dinero en efectivo pudieran tener su origen en fondos opacos o "B" a favor del PP de Ourense, así como distintas salidas de fondos, destinados principalmente a pagos a proveedores por prestación de servicios y pago de campañas electorales de los candidatos del partido, dando lugar a una estructura paralela de gestión económica a modo de caja B".

BALTAR RECIBÍA DIRECTAMENTE EL DINERO

   Estas donaciones, según la jueza, serían recibidas "directamente" por Baltar, que "sin contabilizarlas de forma oficial", empleaba parte de ellas para pagar diversas facturas emitidas a nombre del PP en campañas electorales para no superar los límites legales e incluso utilizaba los nombres de diferentes candidatos, según ellos sin su conocimiento ni autorización.

   Sin embargo, la jueza desliza incluso que se desconoce si Baltar destinaba la totalidad de las donaciones a los pagos del partido o "podría haber estado lucrándose desde hace tiempo con este sistema", puesto que el político recibía "sin ninguna clase de control" el dinero de las empresas --"presuntamente adjudicatarias de obras y servicios de la Administración pública", apunta la jueza--. De ser así, baraja que pudo haber cometido un presunto delito no ya de falseamiento de cuentas, sino también de cohecho.

   La jueza sostiene que en el entramado para financiar "ilícitamente" al PP de Ourense colaborarían empresas investigadas en la Pokémon --menciona a PAU, Sermasa y Aquagest--, pero existen otras empresas "que nada tienen que ver" con la referida operación, por lo que acuerda su inhibición al Partido Judicial de Ourense, ya que es en ese término municipal "donde se habría estado realizando la actividad presuntamente ilícita a la que se refieren los informes de Vigilancia Aduanera".