El Gobierno ha autorizado al exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce para incorporarse al bufete de abogados Garrigues, según se detalla en el listado de permisos de compatibilidad publicado este lunes por el Portal de Transparencia, recogido por Europa Press.
Torres-Dulce cesó el pasado 19 de diciembre, antes de que concluyera su mandato. Alegó motivos personales, si bien desde diferentes ámbitos se apuntó a su falta de sintonía con el Gobierno como causa esencial de su decisión.
El BOE publicó el pasado 3 de enero su reincorporación a la carrera fiscal, pasando a ocupar la ocupar la plaza de fiscal de sala adscrito al Tribunal Supremo que venía desempeñando en el momento de su nombramiento como Fiscal General.
Según el listado, la fecha de autorización para que Torres-Dulce pueda ejercer la abogacía en el prestigioso despacho de Garrigues es del pasado 30 de julio.
Este listado, que ya publicó la autorización a Alberto Ruiz-Gallardón para ejercer como abogado después de ser el máximo responsable de Justicia, recoge los permisos de compatibilidad para actividad privada de puestos incluidos en la ley de regulación de los conflictos de iinteresesde altos cargos de 2006.
DESENCUENTRO CON EL GOBIERNO
El desencuentro entre Torres-Dulce y el Gobierno estuvo relacionado con la defensa de la autonomía fiscal de la que Torres-Dulce hizo gala desde el comienzo de su mandato y que se habría evidenciado, para disgusto del Gobierno, en la gestión que Anticorrupción ha realizado de asuntos clave para el PP como son los casos "Gürtel" y el de los "papeles de Bárcenas". El ex fiscal general dejó muy libre criterio a los fiscales designados en estos asuntos.
Las quejas públicas de Torres-Dulce contra el Gobierno comenzaron a hacerse públicas a cuenta de los planes de Gallardón para el Código Procesal Penal, que no cumplían con sus expectativas para lograr la instrucción penal por los Fiscales.
Más adelante, el enfrentamiento cristalizó con las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.
