El PSOE ha pedido en el Congreso la retirada del proyecto de ley orgánica que regula, entre otras cosas, los privilegios e inmunidades de los mandatarios extranjeros en España, un texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de julio y que el Gobierno ha pedido se tramite por procedimiento de urgencia, es decir, acortando los plazos a la mitad, para que quede aprobado antes de la disolución de las Cortes.
Según explica el Ejecutivo, las inmunidades soberanas son un principio básico del Derecho Internacional y consisten, básicamente, en que los tribunales de un Estado deben abstenerse de ejercer su jurisdicción en procesos incoados contra otro Estado (inmunidad de jurisdicción) y de adoptar medidas coercitivas sobre sus bienes (inmunidad de ejecución). Además, constituyen una obligación para todos los Estados y su incumplimiento genera responsabilidad internacional.
Este tipo de inmunidades se han extendido en los últimos tiempos también a otros sujetos de Derecho Internacional (organizaciones internacionales, celebración de conferencias internacionales) y tiene manifestaciones específicas en el ámbito de determinadas personalidades (jefes de Estado, presidentes de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores), buques y aeronaves de Estado o Fuerzas Armadas extranjeras presentes en España con consentimiento del Estado.
El Gobierno sostiene que el proyecto sobre privilegios e inmunidades de los estados extranjeros, las organizaciones internacionales presentes en España y las conferencias y reuniones de carácter internacional que se celebren aquí pone fin a una "relevante laguna legislativa".
En este sentido, explica que la futura ley clarifica en un texto único el régimen jurídico de inmunidades aplicable en España y establece su alcance concreto, lo que genera "una mayor seguridad jurídica" para los ciudadanos y facilita la labor de los jueces en una materia particularmente compleja.
Según el Ejecutivo, la nueva ley favorecerá la colaboración de las Fuerzas Armadas con las de otros países, así como la instalación en España de sedes u oficinas de organizaciones internacionales y elimina trabas jurídicas para facilitar la celebración en nuestro país de conferencias y reuniones internacionales.
NO HAN BUSCADO EL ACUERDO
Sin embargo, en la enmienda de totalidad que ha registrado en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE sostiene que una norma tan relevante de aplicación general y que afecta a las relaciones internacionales no puede aprobarse sin un acuerdo previo con la mayoría del arco parlamentario por lo que critica, asimismo, que el Gobierno haya solicitado su tramitación por el procedimiento de urgencia, menoscabando el debate de las posibles enmiendas.
También rechaza el argumento de la inseguridad jurídica puesto que, remarca, los tratados internacionales se incorporan inmediatamente al ordenamiento jurídico español, y, además, alerta de que el proyecto puede poner fin a la bilateralidad en materia de inmunidades.
En este punto, recoge la advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que si la ley se aprueba podría darse el caso de que las autoridades españolas en determinados países un tratamiento distinto al que reciban los mandatarios de esos países en España.
NO HAY NINGUNA PRISA
El texto supone también la incorporación al ordenamiento jurídico español del contenido del Convenio de Naciones Unidas de 2004, que ya ha sido ratificado por España, pero el PSOE incide en que no hay ninguna prisa para eso. En ese sentido, argumenta que España ratificó ese convenio hace cuatro años y que éste no entrará en vigor hasta que se sumen a él un mínimo de 30 países y, de momento, sólo lo han hecho 16.
Los socialistas atribuyen esas reticencias a que muchos Estados no quieren renunciar o limitar con carácter general su capacidad en un aspecto tan característico de la soberanía como es la jurisdicción y también incide en que, en cualquier caso, muchos de los contenidos de dicho tratado ya son de aplicación en España.
Respecto a los privilegios e inmunidades de los jefes de Estado, de Gobierno y de los ministros de Asuntos Exteriores, el PSOE recalca, igual que hace propio Gobierno y el CGPJ, que Naciones Unidas está estudiando la situación de las inmunidades ante la jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado, y que el resultado de ese estudio podría colisionar con la nueva norma.
