Está previsto que las Cortes queden disueltas el próximo 26 de octubre, aunque los diputados seguirán cobrando su sueldo íntegro hasta el día de las elecciones, esto es 54 días, que es lo que resta hasta la jornada electoral del 20 de diciembre.
Tanto el Congreso como el Senado acordaron en 2006 establecer una llamada "indemnización de transición" para compensar a los parlamentarios durante el tiempo en que las Cámaras están disueltas y, aunque no hay actividad parlamentaria, están a la espera del resultado de las elecciones.
La indemnización no afecta a los diputados y senadores que forman parte de la Diputación Permanente, el máximo órgano en periodos inhábiles, quienes no causan baja y, por tanto, continúan percibiendo sus retribuciones sin cambios hasta la constitución de las Cámaras, pasadas las elecciones.
En el caso del Congreso, la Mesa de la Cámara ha acordado que los diputados cesantes también sigan cobrando íntegramente sus salarios aunque sólo hasta la jornada electoral.
Recibirán tanto la asignación constitucional idéntica para todos ellos de 2.813,87 euros al mes, como la cantidad que perciben en función de la provincia a la que representan, 870 euros para los electos por Madrid y 1.823 para el resto.
A ello habrá que sumar los complementos por cargos en las distintas comisiones, que van de los 1.431 euros de un presidente de Comisión, a los 1.046 de un portavoz. Eso sí, todas estas cantidades estarán sujetas a tributación y se publicarán en su momento en la página del Congreso.
Según han informado a Efe fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso ha decidido también que puedan quedarse con los teléfonos iPhone de los que dispone cada diputado, ya que en su momento la Cámara los recibió sin coste alguno gracias al contrato firmado con una operadora.
En cuanto a las tabletas, se ha realizado un estudio del valor residual de los aparatos, con cuatro años de antigüedad y bastante uso y que ya no se encuentran en el mercado.
Cualquier diputado que desee quedarse con su tableta tendrá que abonar al Congreso 50 euros.
El Senado, por su parte, ha acordado un sistema de indemnizaciones algo diferente del Congreso.
Todos los senadores que cesen cobrarán una cantidad idéntica de 154,54 euros brutos al día entre la disolución de las Cortes y la jornada anterior a las elecciones.
También tendrán derecho a la parte proporcional de las retribuciones del mes en el que se disuelvan las Cortes -octubre- y de la paga extraordinaria de diciembre.
Al igual que en el Congreso, los miembros de la Diputación Permanente del Senado continuarán percibiendo hasta la constitución de la Cámara de la XI legislatura todos sus emolumentos, tanto la asignación constitucional como todos los complementos e indemnizaciones.
También se mantendrán de alta las líneas de voz y datos de los senadores hasta que, una vez celebradas las elecciones, se realicen las gestiones oportunas para dar de baja las líneas o cambiar la titularidad a favor de los parlamentarios que no resulten elegidos.
Se ofrece además a los senadores que dispongan de teléfono móvil, ordenador portátil o tableta la posibilidad de optar entre devolverlos o adquirirlos abonando al Senado el valor de amortización.
No obstante, el Senado no abonará los gastos de desplazamiento de los senadores cesantes salvo los derivados del viaje que tengan que realizar a Madrid para cumplimentar su cese, así como el coste del envío de las cajas con la documentación y objetos de sus despachos.
A todas estas indemnizaciones de aquí a las elecciones se suma la que podrán recibir los diputados y senadores que no resulten elegidos tras los comicios del 20 de diciembre y que, por tanto, tengan que abandonar definitivamente ambas cámaras.
La cuantía de esa indemnización por cese será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional -2.813,87 euros- por cada año de mandato parlamentario o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades.
El único diputado que a día de hoy cobra esta cantidad es el socialista Gaspar Zarrías quien, junto a Manuel Chaves, renunció a su escaño el pasado mes de julio tras ser imputado en el caso de los ERE irregulares en Andalucía.
A Zarrías le restan por recibir cinco mensualidades de las ocho a las que tenía derecho.
