El Parlamento de Cataluña ha aprobado hoy, con los 72 votos de los diputados de Junts pel Sí (JxS) y la CUP, la "declaración solemne del inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república", un "proceso de desconexión" que "no se supeditará" al Tribunal Constitucional.
Ciudadanos, PSC y PP habían pedido que los 135 diputados tuviesen que votar en voz alta los dos puntos que plantean desobedecer a las instituciones españolas, pero JxS y la CUP lo han rechazado y se ha procedido a una votación ordinaria, no secreta, en la que de todas formas ha quedado reflejado en el panel electrónico del hemiciclo qué parlamentarios han votado a favor de la resolución.
En total ha habido diez votaciones, una para cada punto de la resolución, más un anexo; el diputado de JxS Germà Bel no ha logrado votar a favor del primer punto por un problema técnico que inmediatamente ha podido solucionar con la ayuda de Oriol Junqueras, mientras que uno de los diputados del PP ha sufrido el mismo percance y se ha quedado sin poder votar en dos de los puntos.
Al término de las votaciones, los 11 diputados del PP han desplegado desde su escaño banderas catalanas y españolas, mientras que los 11 parlamentarios de Catalunya Sí que es Pot han exhibido carteles en los que defendían un "referéndum".
El texto aprobado prevé que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública" y proclama la "apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto", para "preparar las bases de la futura constitución catalana".
El primero de los nueve puntos de la resolución constata el "mandato democrático" de las elecciones catalanas del 27S, que arrojaron una "mayoría de escaños" de fuerzas independentistas y una "amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado".
Uno de los puntos de la resolución que más polvareda ha levantado es el que establece que "el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".
El texto señala que el Constitucional es un órgano "deslegitimado y sin competencia" desde que en junio de 2010 emitió una sentencia en la que recortaba el Estatut aprobado en referéndum en 2006.
Además, la resolución insta explícitamente al nuevo Govern a "cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados" del Parlament, para "blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español".
Por último, se declara la voluntad de iniciar negociaciones para "hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república", tras poner el texto en conocimiento del Estado, de la Unión Europea y de la comunidad internacional.
La resolución incorpora un anexo, añadido en forma de enmienda por JxS y la CUP, con la finalidad de "blindar" derechos básicos en materia de pobreza energética, vivienda, sanidad, educación, libertades públicas, administraciones locales, refugiados, aborto y financiación de un plan de choque social y gestión de la deuda.
