La Audiencia Nacional ha pedido a las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil que incluyan en sus ficheros el nombre del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y de otros seis altos cargos de su Gobierno en el momento del ataque a la 'Flotilla de la Libertad' que se produjo el 31 de mayo de 2010, y le comuniquen su posible presencia en España.
En sendas diligencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Central de Instrucción número 5, del que es titular José de la Mata, traslada los datos de identificación de los dirigentes del Ejecutivo israelí para que se inserten en el "fichero automatizado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
El juzgado informa de la fecha y el lugar de nacimiento, el nombre de los cargos y el de sus padres. Benjamin Netanyahu (Binyamin Netanyahu), n/ Tel Aviv (Israel) el 21-11 1949, hijo de Benzion y Zila", dice sobre el primer ministro.
Además de Netanyahu, incluye a los entonces ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.
INVITACIÓN A JUSTICIA A IR A LA HAYA
El juez De la Mata sobreseyó el pasado junio la causa, en la que los activistas Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra pedían imputar a estos dirigentes, argumentando que la reforma de la justicia universal solo permite perseguir a los querellantes si se encuentran en suelo español.
El magistrado, en una decisión que fue confirmada por la Sección Segunda de lo Penal, invitó al Ministerio de Justicia para que inicie los mecanismos contemplados en la Ley de Cooperación con el Tribunal Penal Internacional (TPI) para que este organismo inicie una investigación sobre el ataque a la Flotilla, que provocó el 31 de mayo de 2010 la muerte de nueve personas de nacionalidad turca y heridas a otras 38.
ATAQUE EN AGUAS INTERNACIONALES
Este procedimiento fue abierto por el juez Pablo Ruz, a partir de una querella presentada por tres activistas españoles que viajaban en la Flotilla por delitos de lesa humanidad, detención ilegal, deportación y tortura y delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado en un contexto de crímenes de guerra.
En junio de 2014 el antecesor de De la Mata, Pablo Ruz, consideró que el Tribunal Penal Internacional es el competente para investigar el ataque porque el barco 'Mavi Mármara', en el que se produjeron los hechos más graves, fue atacado en aguas internacionales y navegaba bajo bandera de las islas Comores, país que firmó el Estatuto que permitió la instauración de este tribunal. La 'Flotilla de la Libertad' también estaba formada por barcos de Kiribati, Turquía, Togo, Grecia, Estados Unidos y Camboya.
En respuesta a un requerimiento que Ruz hizo en julio de 2010, las autoridades israelíes apuntaron que habían puesto en marcha "una comisión pública independiente" denominada 'comisión Turkel', e instruido varios procedimientos de investigación "adicionales", uno de ellos ante el Tribunal Supremo, y un proceso de colaboración con el Comité/Panel de Investigación de Naciones Unidas. Turquía, por su parte, investigaba los hechos en el Juzgado de lo Penal número 7 de Estambul.
