El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu propone juzgar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y a su sucesor Rodrigo Rato junto con otros 64 directivos que utilizaron las polémicas tarjetas opacas, una vez concluida la fase de instrucción.
En el auto, difundido hoy, el magistrado considera que los hechos investigados podrían constituir un delito de administración desleal por parte de los exmiembros del consejo de administración, mientras que el resto de imputados se enfrenta a una acusación de apropiación indebida.
Según Andreu, "existen indicios fundados de criminalidad contra los integrantes del consejo, de la comisión de control y ejecutivos de Caja Madrid y Bankia", que recibieron de estas entidades unas tarjetas de crédito emitidas para gastos personales sin contrato.
Una vez finalizada la fase de instrucción, la Fiscalía y las acusaciones deberán formular el escrito de acusación solicitando el juicio oral o sobreseimiento de la causa en un plazo de diez días.
Pero el juez ya advierte en su auto de que dichas tarjetas, emitidas fuera del circuito ordinario, "no tenían como finalidad los gastos de representación o profesionales".
Por ese motivo, considera que las cantidades gastadas "deberían ser tratadas como retribuciones irregulares" al no tener soporte contractual ni ser declaradas a la Hacienda pública.
El texto también recuerda los alegatos de los directivos investigados, quienes consideran que estas tarjetas "constituían una parte de sus retribuciones fijas" y que les fueron entregadas por el exdirector general de Caja Madrid y "mano derecha" de Blesa Ildefonso Sánchez Barcoj.
La investigación comenzó el 1 de octubre de 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción vio indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito por parte de antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid y Bankia que las utilizaron para gastar 15,25 millones de euros en 13 años.
Anteriormente, la auditoría interna de Bankia fue la que detectó la existencia de esas tarjetas emitidas en un primer momento por Caja Madrid y lo comunicó en junio de 2014 a su principal accionista el FROB, el fondo de rescate español.
A raíz de esta investigación, el juez Andreu impuso una fianza de 16 millones a Miguel Blesa y otra de 3 millones a Rato, teniendo en cuenta no sólo el dinero que habían gastado sino el resto de cargos de otros directivos durante sus mandatos.
En el caso de Blesa, el juez ordenó el embargo de sus bienes al no haber presentado la fianza, mientras que Rato aportó un aval bancario que evitó el bloqueo de parte de su patrimonio, y desde entonces han pedido a Andreu que revise la caución impuesta después de que varios usuarios de las "black" hayan devuelto sus gastos.
Por otra parte, en el escrito conocido hoy se han desestimado las solicitudes de sobreseimiento presentadas por algunos de los imputados en el caso y la petición de nuevas diligencias al considerar que "la instrucción debe darse por conclusa".
Una vez finalizada la fase de instrucción, la Fiscalía y las acusaciones deberán formular el escrito de acusación solicitando el juicio oral o sobreseimiento de la causa en un plazo de diez días.
