La obligación de que las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se realicen de forma exclusiva a través de medios informáticos, incluida en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil pero válida para todos los órdenes jurisdiccionales, entra en vigor este viernes, día 1 de enero.
La norma incluye la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal. La orden afecta a los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.
La entrada en vigor se ha topado con los primeros 'rebeldes'. La Comunidad Autónoma de Valencia ya ha adelantado que no piensa poner en marcha esta presentación de escritos 'virtual' porque no cuenta con la tecnología necesaria para ello. Por su parte, Cataluña, Cantabria y País Vasco sólo aplicarán la orden en algunos órdenes jurisdiccionales.
PASOS HACIA LA DESAPARICIÓN DEL PAPEL
El Ministerio de Justicia calcula que el objetivo de eliminar el papel de los Juzgados de las Comunidades Autónomas de su ámbito de actuación podrá alcanzarse de forma total en un plazo de seis meses a partir del próximo 1 de enero de 2016, fecha fijada por la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las comunicaciones entre abogados, procuradores y tribunales se realicen por medios telemáticos.
Justicia trabaja con un calendario de varios niveles, que afectará, en principio a Castilla León, Castilla La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla, pero al que quieren que se sumen las demás comunidades del territorio nacional. También están implicados la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
El nivel básico, que establece las bases para que los letrados y procuradores puedan presentar sus escritos a través del actual sistema virtual, conocido como Lexnet, comenzará a funcionar hoy mismo. Los abogados y procuradores han recibido --a través de sus Consejos Generales -- tarjetas identificativas que les permitirán el acceso al sistema.
En una segunda fase, la idea es introducir esta "revolución digital" en los propios Juzgados de forma que todos cuenten con un método de trabajo interno también digitalizado, denominado Sistema de Gestión Procesal. Esto implica que la tramitación de asuntos dentro de las propias dependencias judiciales se realice prescindiendo también del papel.
El Ministerio se ha fijado la fecha de 7 de julio de 2016 para alcanzar el nivel óptimo, último paso para eliminar el papel. Este paso supone que las resoluciones de los jueces --autos, providencias, sentencias-- sean validadas sin necesidad de estampar una firma física, mediante una digital.
ACTUACIONES
Para ello, Justicia ha desplegado a lo largo de los últimos 10 meses distintas actuaciones que van desde la instalación de las herramientas físicas que harán el proyecto posible, como el software o las dobles pantallas de ordenador, hasta la formación de los profesionales afectados.
El Ministerio ha firmado convenios de colaboración las comunidades autónomas con competencias transferidas por un importe de seis millones de euros y, en 2016, se destinará la misma partida económica para seguir apoyando los diferentes programas de reforma de la Administración de Justicia.
Durante los últimos meses se ha actualizado el sistema de gestión procesal Minerva y el sistema LexNET, que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas transferidas como medio de comunicación telemática.
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña (solo para el envío de notificaciones), Galicia, La Rioja, Madrid y Valencia ya lo utilizan, mientras que el País Vasco está trabajando en la integración de su sistema de gestión procesal con LexNET y Cantabria, Navarra y Cataluña (para presentación de escritos) disponen de un sistema propio.
Para la ampliación de LexNET a todo el territorio, el Ministerio de Justicia ha habilitado más de 125.000 buzones para profesionales y tras ofrecérselo a todas las Comunidades Autónomas, se han habilitado más de 500 buzones con el objetivo de que existan en todo el territorio puntos donde presentar electrónicamente los escritos.
Además, se ha ampliado la capacidad del buzón para permitir el envío de mensajes de hasta diez megas y se ha desarrollado la aplicación LexNETAPP para ayudar a los profesionales a recibir de forma ágil y en tiempo real la información acerca de las notificaciones y escritos presentados a través de este sistema.
En cuanto a la provisión de medios técnicos, el Ministerio de Justicia ha realizado el suministro e instalación de los elementos de hardware y software necesarios a los usuarios de los órganos judiciales, fiscalías, Institutos de Medicina Legal e Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses y se han instalado más de 7.000 pantallas, 640 ordenadores, 2.300 tarjetas gráficas, 1.700 impresoras y 500 escáneres en los órganos del ámbito de su competencia.
En previsión de que se produzcan incidencias de tipo tecnológico, se ha reforzado el equipo del Centro de Atención al Usuario del Ministerio de Justicia. Además, para informar a profesionales y ciudadanos el Ministerio de Justicia ha habilitado un nuevo canal web que incorpora un mapa interactivo sobre la situación del proceso de implantación de las comunicaciones electrónicas en cada comunidad autónoma.
