Divulgada por la prensa del país sudamericano, la resolución de la magistrada de la sureña provincia Tierra del Fuego Lilian Herráez, de finales de marzo, fue elogiada por agrupaciones de veteranos de guerra.
La jueza investiga más de 80 casos de malos tratos a soldados en los que unos 70 militares afrontan acusaciones por los delitos de homicidio, abandono de persona, torturas, lesiones graves y reducción a la servidumbre, entre otros.
Algunos de los acusados han apelado la resolución de Herráez y la de otra jueza que en abril procesó a dos militares retirados por haber torturado a un soldado argentino en Malvinas, por lo que la cuestión deberá ser resuelta por un tribunal de apelación.
"Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la humanidad y de lesa humanidad, si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor", consideró Herráez en su fallo.
En 2005, veintidós ex combatientes de las Malvinas contaron los vejámenes a los que fueron sometidos por parte de sus superiores durante el conflicto bélico, que concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de las tropas argentinas.
Dos años después la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y la Coordinadora Provincial de Ex Soldados de Malvinas de ese distrito situado en el nordeste de Argentina denunciaron los hechos ante la jueza Herráez.
Uno de los impulsores de la investigación, el veterano José Martín Araníbar, dijo que "esta megacausa contiene todos los delitos: vejámenes, torturas, servidumbre, heridas graves, abandono de persona e incluso dos muertes; la de un soldado que al parecer fue fusilado por un cabo y otro que murió de hambre al ser abandonado".
