El presidente del Parlamento de Honduras, Roberto Micheletti, fue elegido ayer por este órgano como nuevo gobernante del país tras haber destituido a Manuel Zelaya, quien fue llevado a la fuerza por militares a Costa Rica.
El Parlamento destituyó a Zelaya por incurrir en “reiteradas violaciones” de la Constitución, otras leyes y sentencias judiciales.
En una decisión aparte y posterior a la aceptación de una supuesta renuncia de Zelaya, el Congreso Nacional aprobó primero el informe de una comisión especial nombrada el pasado jueves para investigar las actuaciones del gobernante y luego la resolución de su separación.
La comisión estableció que Zelaya incurrió en dichas violaciones durante el proceso que pretendía culminar precisamente ayer con una consulta promovida por él para instalar una Asamblea Constituyente que reformara la actual Constitución, vigente desde 1982, o emitir una nueva.
Zelaya incumplió o desconoció mandatos de la justicia ordinaria y electoral, el Ministerio Público, el Congreso Nacional, la Procuraduría General y otros órganos del Estado, que declararon ilegal la consulta, según el informe de la comisión.
Tras la lectura del informe, el secretario del Parlamento presentó el decreto de separación de Zelaya, que fue aprobado de inmediato por los diputados, que luego abrieron un debate sobre la decisión recién asumida.
La destitución de Zelaya, y la previa aceptación de su supuesta renuncia, se produjeron horas después de que un grupo de militares lo sacara por la fuerza hacia Costa Rica.
El Poder Judicial de Honduras respaldó esta acción de las Fuerzas Armadas contra Zelaya, quien ha recibido un fuerte apoyo de la comunidad internacional y negó anoche –desde Costa Rica– haber renunciado al poder.
“El Poder Judicial deja constancia de que si el origen de las acciones del día de hoy (por ayer) estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales”, señala el comunicado.
“Y debe desarrollarse –continúa– contra todo lo que ilegalmente se interponga para devolver al Estado de Honduras el imperio de la ley”.
Reacciones
La Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió anoche con carácter urgente en Washington y en Managua se reunieron por un lado los presidentes de la ALBA y después los presidentes centroamericanos, todo con el fin de restituir a Zelaya.
El embajador hondureño ante la OEA, Carlos Sosa, secundado por otros diplomáticos, entre ellos los de Paraguay, Brasil, Nicaragua y Venezuela, pidió que el organismo regional emita una resolución de condena ante el golpe militar en su país.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, confirmó que los presidentes de Centroamérica se reunirían anoche en Managua para “hacer frente a la lucha de restituir” en la presidencia de Honduras a Zelaya.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por su parte, anunció que hará “todo lo que tenga que hacer” para que se restituya a Zelaya y advirtió de que responderá “incluso militarmente” si se producen nuevas agresiones contra el embajador venezolano en Tegucigalpa, Armando Laguna, quien dijo haber recibido una “golpiza” de militares encapuchados.
“Si nuestra embajada, si nuestro embajador fuera secuestrado o atropellado, esa junta militar estaría entrando en estado de guerra de facto, tendríamos nosotros que actuar, incluso, militarmente. Estamos obligados”, dijo Chávez en una intervención televisiva.
El embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, señaló que “el único presidente que Estados Unidos reconoce en Honduras es el presidente Manuel Zelaya” y que así se lo notificado a los otros poderes del país.
Los Gobiernos de la mayor parte de los países latinoamericanos han condenado severamente el golpe contra Zelaya e instado a restablecer el poder legítimo en ese país.
Desde España, el Gobierno, el Congreso de los Diputados y los partidos políticos han condenado la situación en Honduras y han exigido la “inmediata” reposición de Zelaya en el cargo.
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha expresado su “más enérgica” condena por la detención y expulsión “ilegal” del presidente hondureño y ha exigido su “inmediata” reposición.