Agentes de la Policía Nacional han detenido a 188 personas por delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social cometidos a través de un entramado de empresas ficticias vinculadas con una empresa real con sede en Barcelona. La cantidad total defraudada asciende a casi seis millones de euros.
El entramado empresarial simulaba contrataciones laborales y cobraba prestaciones y subsidios indebidamente ofreciendo una supuesta mediación para tramitar el permiso de residencia y regularizar la situación de ciudadanos extranjeros (se han detectado 162 casos) en España, según ha informado la Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de 66 personas en la provincia de Barcelona, así como a la incautación de importante documentación de la que se derivó la existencia de personas implicadas en otras provincias.
Una vez ampliada la investigación, los agentes procedieron a la detención de otros 57 implicados más en la provincia de Jaén, cinco en Sevilla, dos en Cádiz, dos en Granada, uno en Palma de Mallorca, uno más en Barcelona, uno en Gerona, 24 en Ciudad Real, uno en Toledo, dos en Valladolid, 16 en Badajoz, cuatro en Cáceres, dos en Murcia y cuatro en Alicante. En total el número de detenidos asciende a 188, entre los que se encuentran los tres principales responsables del entramado.
821 TRABAJADORES DADOS DE ALTA
La operación se ha desarrollado en el ámbito del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre coordinación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, contando con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona.
Las actuaciones realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social ponen de manifiesto, según la Policía Nacional, que el entramado de empresas desarticulado habría dado de alta fraudulentamente a un total de 821 trabajadores, de los cuales casi 300 habrían cobrado prestaciones y subsidios de forma indebida por un valor superior a 3.500.000 euros.
Además, las supuestas contrataciones habrían servido de base para la tramitación de 162 permisos de residencia y la consiguiente regularización de la situación administrativa de otros tantos ciudadanos extranjeros en España. Si se suma las cuotas impagadas por las empresas a la Seguridad Social por los trabajadores supuestamente contratados, el fraude total asciende a casi seis millones de euros, según el cálculo de los investigadores.
