La subcomisión creada en el Congreso para lograr un Pacto Social y Político por la Educación cumple seis meses de trabajo el 1 de junio. En este tiempo, los diputados han escuchado a más de 80 comparecientes que, según ha señalado la mayoría, han sido interesantes, pero, en principio, no han provocado un cambio de opinión en aquellos puntos que cada partido marca como prioritarios. En parte, porque las formaciones han convocado a expertos que defienden su punto de vista.

Por este motivo, uno de los debates que más se han tratado durante esta fase de trabajos, y que más controversia ha generado desde el inicio de esta subcomisión, aún no está resuelto: La relación entre la enseñanza pública o concertada.

Mientras desde el PP, su portavoz de Educación, Sandra Moneo, defiende el artículo 27 de la Constitución que determina el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, para su homólogo de Unidos Podemos, Javier Sánchez, es necesario "repensar" este derecho que, a su juicio, se interpreta como "garantizar el derecho de la familia a elegir centro".

"Parece que la educación pública se ha convertido un poco en la parte subsidiaria de la educación concertada", ha criticado Sánchez, quien ha señalado que hay distritos en los que se han cerrado centros públicos "y sólo se han abierto concertados", lo que deja a los padres sin opciones.

Sin embargo, para Ciudadanos el debate pública-concertada no es tal, sino que está provocado por un sector al que le viene bien llevarlo a la actualidad. "La realidad no es así", ha desmentido a Europa Press la diputada de la formación naranja, Marta Martín, quien ha asegurado que todos los partidos coinciden en que "es de interés público ofertar desde las dos redes" y, quizás, lo que hay que abordar es "el modelo de financiación de los conciertos".

El portavoz de los socialistas, Manuel Cruz apunta que es importante que "no se vacíe de contenido" a la educación pública, pero su partido prioriza la exclusión de la financiación del Estado de aquellos colegios que separan a sus alumnos por sexo.

Precisamente esta semana el Tribunal Supremo ha dado la razón a nueve centros andaluces de educación diferenciada, fallando a su favor y reconociendo su derecho a concierto. En la sentencia declara que "no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo" y que la enseñanza mixta "es un medio, no el único, de promover la eliminación de aspectos de la desigualdad por razón de sexo".

PRIORIDADES

La segregación de alumnos es para el PSOE una de sus prioridades en la negociación del pacto y, aunque ha declarado que desde su formación no se ponen líneas rojas en las negociaciones, también apuntan como tema a tratar si la asignatura de Religión debe ser evaluable o no. "Pero esto no quiere decir que nos vayamos a levantar de la mesa si esto no se negocia", ha insistido el diputado.

También Moneo defiende la ausencia de líneas rojas y señala que el Pacto debe estar fundamentado en acuerdos ya consolidados. Por su parte, Unidos Podemos ve prioritaria la universalidad de la educación de 0 a 3 años o acabar con "las altas tasas de interinidad" de los profesores.

La cuestión docente es también importante para Ciudadanos que, tal y como ya recoge en su programa electoral, apuesta por un MIR para el profesorado. Martín asegura que muchos de los expertos que han pasado por la Cámara Baja se han mostrado partidarios de esta medida y cree que hay consenso entre los partidos.

"Un cambio urgente de modelo curricular, para que sea más profundo y menos extenso, el abandono escolar temprano o el dominio del inglés" son, a su juicio, otras de las cuestiones que la formación naranja buscará abordar en la siguiente fase de este pacto.

ERC DICE QUE LA POLÍTICA LASTRA EL PACTO

Para el representante de Esquerra Republicana (ERC) en esta subcomisión, Joan Olòriz, ha faltado tocar en esta fase de comparecencias "temas generales" que, a su juicio, "siempre han marcado los proyectos educativos y que son temas más políticos". Son estos los que, según dice, "continuarán lastrando la posibilidad de un pacto".

"La realidad de que hay algunas posiciones muy enfrentadas y con la LOMCE funcionando quienes están de acuerdo con ella tampoco tienen prisa. Para mi, este es el principal interrogante. El Pacto no está exento de entorno político y este entorno político no está tranquilo", ha declarado.

EL INFORME COMO OBJETIVO

La subcomisión ha agotado los seis meses que, durante su aprobación, se estipularon como periodo para entregar al Gobierno un informe que detallara la situación del sistema educativo español y, a partir del cual, se elaborara una nueva ley en esta materia.

Moneo ha explicado a Europa Press que se ha pedido una prórroga, de forma que aún utilizarán el mes de junio y parte de julio para escuchar a más expertos y, después del parón de verano, cada partido tendrá que estudiar todos los documentos recibidos en este proceso. Ciudadanos, por su parte, es partidario de "invitar al resto de fuerzas políticas a una mesa de trabajo" para esbozar un documento "consensuado".

"Si no fuera así y hay alguien que no quiere elaborar una ley de bases, tendrá que decirlo abiertamente a la opinión pública y decirles que quieren que siga la LOMCE", ha advertido Marta Martín.

Para el socialista todavía "falta una metodología para convertir" todo lo que han ido escuchando en un informe, pero espera que se mantenga "el espíritu del Pacto educativo". En este sentido, defiende que se vayan estudiando aquellos puntos en los que sea viable llegar a un consenso, mientras que aquellos más controvertidos se dejen a un lado de la agenda, de momento.

También el portavoz de Unidos Podemos aboga por trabajar conjuntamente entre los partidos para determinar "los puntos en los que se están de acuerdo". Aún así, ha apuntado que el objetivo final de su formación "no es llegar a un pacto de mínimos" sino "tratar de abordar y solucionar los problemas estructurales que tiene actualmente la educación española".

"Si hemos invertido medio año en el Congreso para escuchar a la sociedad civil y luego llegamos a un pacto de mínimos que no cambia las bases de la LOMCE, todo esto no habrá servido de nada". Sin embargo, para Olòriz sería suficiente con una ley de bases para no entrar en "determinados temas que son competencia de las comunidades autónomas".