El Parlamento catalán ha iniciado hoy su nuevo periodo de sesiones sin la ley del referéndum sobre la mesa y con la incógnita sobre el cuándo y el cómo los independentistas, a los que el Gobierno ve desconcertados, pretenden dar amparo legal al 1-O; el choque de trenes institucional queda así aplazado.
La proposición de ley del referéndum, que Junts pel Sí y la CUP registraron el pasado 31 de julio, ha quedado excluida del orden del día de la primera reunión de hoy de la Mesa de la cámara catalana, una decisión que su presidenta, Carme Forcadell, ha justificado por la "complejidad" de la norma pero, sobre todo, por la "judicialización" de la política y por la situación de querellados en la que se encuentran cinco miembros de este órgano.
La pregunta ahora es cuándo y cómo se dará curso a la ley del referéndum, ya que existen varias posibilidades: que la Mesa del Parlament admita a trámite la proposición de ley en una próxima reunión -hay previstas reuniones los días 22 y 29 de agosto-, antes del primer pleno del Parlamento de los días 6 y 7 de septiembre.
También podría darse que sea el Govern el que asuma la iniciativa, presentándola como proyecto de ley o, incluso, vía decreto, mecanismo este último con el que quedaría aprobada de forma inmediata.
El aplazamiento del inicio de la tramitación de la ley del referéndum ha generado desconcierto y críticas, a partes iguales, entre los partidos de la oposición, y también en las filas del Gobierno, que a principios de agosto ya anunció que recurriría al Tribunal Constitucional en cuanto la Mesa diese luz verde.
Fuentes del Ejecutivo han indicado a Efe que el retraso en la tramitación de esta ley de desconexión es la prueba del "absoluto desconcierto" que se vive en el seno de los independentistas, debido a la pérdida de apoyos populares, la radicalización y la "purga de cualquier voz moderada", en alusión a los consellers cesados.
El dirigente del PP Pablo Casado ha advertido de que el Gobierno tiene muchos "resortes" para responder con "firmeza" y "proporcionalidad" a las ilegalidades del secesionismo catalán, unos "trileros", ha dicho, que esconden su hoja de ruta y que esperan "una respuesta pasada de vueltas" para presentarse como "víctimas".
La oposición en la cámara catalana ha recriminado a los independentistas que habilitasen el Parlament la segunda quincena de agosto para agilizar las leyes de desconexión, algo que hoy no ha sucedido: "episodio esperpéntico", "comedia de disparates", "no se atreven" o "cobardía" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, son algunos de los calificativos críticos que han vertido Ciudadanos, el PSC o el PPC.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha avanzado además que su partido ya tiene preparada la solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias en cuanto se inicie la tramitación de la ley de referéndum, si al final los independentistas optan por esta vía, al considerar que "liquida" el Estatut y la Constitución.
También la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciado que su partido apoyará el recurso del Gobierno contra la ley del referéndum.
Pero la ley del referéndum no ha sido el único tema que ha marcado el inicio del curso político del Parlamento catalán: la comisión de investigación sobre la llamada 'Operación Cataluña' y la recién aprobada reforma del reglamento catalán han copado también la actualidad informativa.
En la reunión de hoy, la Mesa ha acordado llevar a los tribunales a las personas que se negaron a comparecer ante la citada comisión, entre ellas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, o el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros, si bien todavía no se ha concretado todavía qué mecanismo se utilizará.
Por otro lado, Forcadell y el resto de miembros de la Mesa han recibido hoy la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la suspensión de la reforma del reglamento de la cámara, en la que se les advierte sobre posibles responsabilidades, incluso penales, si se aplica el artículo 135.2 del mismo, el de lectura única, para aprobar de forma exprés las llamadas leyes de desconexión.
Una advertencia que se ha producido pocas horas antes de que el pleno del Tribunal Constitucional prevea rechazar el recurso del ejecutivo catalán contra la suspensión de la reforma del reglamento de la cámara.
