Según reconocieron ayer altos funcionarios que hablaron bajo la condición del anonimato, el grupo de trabajo que debía presentar un informe con recomendaciones sobre la política de detenciones de terroristas pidió una prórroga de seis meses.
En su lugar tiene previsto presentar un informe provisional esta semana, la fecha en la que debía presentar el texto definitivo.
Un segundo informe, que se centra en cómo llevar a cabo los interrogatorios de los sospechosos de terrorismo, requiere una prórroga de dos meses, indicaron los altos funcionarios.
Pese a todo, los altos funcionarios expresaron su optimismo por que se vaya a cumplir el plazo dado por Obama cuando el 22 de enero anunció el cierre de Guantánamo en el plazo de un año.
Un grupo de trabajo compuesto por representantes del Departamento de Estado, de Justicia, Defensa, abogados especialistas en derechos humanos y representantes de las fuerzas de seguridad estudia caso por caso el futuro de los detenidos en Guantánamo, cerca de 240.
En cada caso se decide si el preso puede ser transferido a otro país o se le lleva a juicio.
Según las fuentes, hasta el momento se han visto aproximadamente la mitad de los casos y se ha decidido a favor de la transferencia en el caso de más de cincuenta detenidos, mientras que “un número significativo” será procesado.
Parte de ellos lo sería en los tribunales federales y parte en comisiones militares, indicaron las fuentes.
Los altos funcionarios se declararon “alentados” por la respuesta encontrada en la Unión Europea, donde, aseguraron, además de las declaraciones públicas de España, Portugal, Irlanda e Italia de que aceptarán algunos presos, otros países han expresado la misma intención en privado y otros lo están pensando.
“La atmósfera en la UE ha cambiado radicalmente y esperamos conseguir un acuerdo firme” para la transferencia de un buen número de estos presos, indicó uno de los altos funcionarios.
