Los Mossos d'Esquadra intentaron acceder a 35 bases de datos en las que se recoge diferente información de los ciudadanos con el fin de "averiguar" hasta la más mínima referencia de cualquier persona" y sin dejar constancia escrita de ello, según expone la Policía Nacional en el informe remitido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sobre la documentación que la policía autonómica catalana intentó quemar en octubre en la incineradora de Sant Adriá del Besos.
En el citado informe de la Policía Nacional, los agentes son contundentes al afirmar que "queda constatado" que la cúpula de Interior de la Generalitat de Cataluña y más concretamente la Comisaría General de Información, estaba muy interesada en poder obtener acceso a todas esas bases de datos a las que sólo podía acceder bajo petición por escrito y conducto reglamentario.
Según precisa el texto entregado en el Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, los Mossos querían acceder a estas 35 bases de datos de manera automática y "sin dejar constancia por escrito de cualquier consulta a las mismas".
Los investigadores han llegado a esta conclusión después de analizar un informe de la Comisaría General de Información de los Mossos con el asunto "acceder a las bases de datos externas" y dos correos electrónicos en los que se indicaba las bases a las que querían acceder.
La lista, que va desde el registro de la intervención de Armas, el Instituto Catalán del Suelo, a la Hacienda o el de centros religiosos, es la siguiente: Registro de Personas Aseguradas (Servicio catalán de salud); Bases de Datos del Departamenteo de Salud; Registro de Alumnos matriculados; Expedientes sancionadores de Tráfico; Bases de Datos Themis 2 (Justicia); Fichero único de prestaciones de carácter económico (Bienestar Social); NIE; la base de datos policiales de extranjeros (Adextra); la de Subvenciones del Departamento de Economía y la de Centros Religiosos.
VEHÍCULOS, EXTRANJEROS, SEGUROS Y HASTA BIBLIOTECAS
También estaban interesados en acceder al Servicio de Empleo de Cataluña; el Registro Mercantil; la Agencia Tributaria de Cataluña; el Instituto Nacional de Estadística; Oficinas de Trabajo de la Generalitat (vida laboral o lugar de trabajo); DNI; TIRCE, sobre datos de vehículos; Registro Civil; intervención de Armas; la patronal UNESPA; Catastro; Registro de Cooperativas; Registro de entidades y asociaciones; registro de fundaciones; Bienestar Social; Cámara de Comercio o Instituto Catalán del Suelo, Incasol.
A ello se añade el registro de expedientes de menores; informes de extranjería; datos de ayuda social; impuestos sobre transmisiones patrimoniales e impuestos sobre el patrimonio y los datos sobre establecimientos comerciales de Cataluña.
A estas 33 se suman otras dos sobre las que también consideraban que sería provechoso tener conocimiento: la base de datos de la Gestión Económica de la Generalitat de Cataluña y la de redes de bibliotecas de las Diputaciones.
Según el informe policial, así consta en un correo enviado el 1 de junio de 2012 por el intendente de la Comisaría General de Información Miquel Justo Medrano a Tomás Roy Catalá y Josep Verdura Salada, ambos del CESICAT, y con copia para Manel Castellví del Peral, máximo responsable de la Comisaría General de Información de los Mossos. "Tal como comenté ayer, estas son las BBDD (Bases de Datos) en las que estamos interesados", decía el texto.
Y en otro correo posterior, Miquel Justo expone que vuelve a enviar la petición de BBDD "un poco más explicada y pulida" tal y como le habían pedido. En esta ocasión, el correo se lo envía el 4 de junio a Josep Verdura Salada y con copia a Lluís Paradell Fernández, Joan Francesc Galera Gibernau y Miquel Beltrán Rovira, todos ellos adscritos a la Comisaría General de Información.
