El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, y el de facto, Roberto Micheletti, firmaron ayer, por mediación de sus respectivas comisiones de diálogo, el acuerdo definitivo para poner fin a la crisis en Honduras, según el cual tienen una semana para pactar un Gobierno de unidad.

La verdadera presión pasó así al Congreso, que, según el Acuerdo de Tegucigalpa-San José, deberá dar su aval legal o rechazar la restitución en el poder de Zelaya, derrocado el pasado 28 de junio por el Ejército y destituido por ese mismo Legislativo, que designó a Micheletti como gobernante.

Las dos delegaciones, que el pasado jueves, destrabaron las negociaciones al consensuar el último punto que las separaba, el referente a la restitución, concretaron hoy los asuntos pendientes del convenio y "han firmado el acuerdo", según anunció el enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico.

"El acuerdo entra en vigencia a partir de (...) hoy, y en los próximos días se conformará la comisión de verificación, que va a coordinar la OEA, (y) se conformará el Gabinete de Unidad Nacional, (para lo que hay) plazo hasta la próxima semana", explicó el funcionario de la OEA.

Según Rico, otros de los puntos que contempla el pacto -que aún no ha sido difundido- son una verificación internacional, una comisión de la verdad, el reconocimiento de las elecciones de noviembre y el rechazo a una amnistía política y a una Asamblea Constituyente.

La verificación internacional, indicó Rico, estará conformada por dos representantes de la OEA y uno por cada una de las partes en conflicto.

Inmediatamente después de suscribir el acuerdo, las dos comisiones trasladaron el documento al Congreso Nacional, que deberá convocar a sus miembros, ahora en receso, para dictaminar, tras escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si Zelaya vuelve o no a la presidencia.

"Vamos a convocar a la junta directiva y a los jefes de bancada para conocer el contenido todos", y después "continuar con lo que procede", anunció el presidente del Congreso, Alfredo Saavedra.

Según Rico, "no hay un plazo fijado" para que el Legislativo tome esta decisión, pero antes de haber recibido el texto los diputados ya estaban recibiendo múltiples presiones.

"Estoy seguro de que los congresistas tendrán plena comprensión de la importancia y de la urgencia política de estas determinaciones y espero que lo hagan en el menor plazo posible", declaró el funcionario de la OEA.

Mientras, unos 400 simpatizantes de Zelaya, miembros del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, se volvían a concentrar frente a la sede del Parlamento, en el centro de Tegucigalpa, para "exigir que el Congreso apoye y ratifique de inmediato el acuerdo", según uno de los líderes del movimiento, Juan Barahona.

Barahona anticipó que a partir del lunes se manifestarían todos los días en el mismo lugar hasta que los legisladores aprueben la restitución del presidente depuesto.

El punto referente a la restitución de Zelaya se resolvió después de que Micheletti renunciara a que la decisión la tomara la CSJ, cuya opinión, según el Acuerdo de Tegucigalpa-San José, sí deberá ser oída por el Parlamento.

El jefe de la delegación de Micheletti, Armando Aguilar, aseguró que "la Corte no le puede imponer criterio alguno al Congreso Nacional".

No obstante, Saavedra indicó que el Legislativo, obligatoriamente debe "escuchar, previo a emitir un dictamen favorable o desfavorable, la opinión de la honorable CSJ".

Entretanto, Zelaya deberá seguir refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permanece desde su regreso por sorpresa al país, el pasado 21 de septiembre, según Micheletti.

"La situación, el estatus del señor Zelaya, sigue siendo como un visitante en la casa de Brasil, y eso lógicamente (se mantendrá) hasta que la decisión del Congreso sea tomada", dijo el presidente de facto.

"No quiere decir que con la firma ya se resolvió la crisis, quiere decir que se inicia el proceso que debe culminar con la restitución del presidente Zelaya", aseguró en declaraciones telefónicas a Efe desde la legación diplomática un asesor del depuesto mandatario, Carlos Reina.