El Consejo de Ministros iraní aprobó ayer un proyecto de ley para la construcción de diez nuevas plantas de enriquecimiento de uranio, anunció la agencia semi-oficial de noticias local Fars.

Según la fuente, el Gobierno ha instado al organismo iraní de la Energía Atómica a presentar, en un plazo máximo de dos meses, el diseño de una decena de instalaciones con características similares a la planta de Natanz, donde Irán tiene, al parecer ocultas bajo la tierra, miles de centrifugadoras.

Además, ha pedido a la citada agencia iraní que desarrolle los estudios para la producción de combustible nuclear enriquecido al 19,5%, al nivel que dice necesitar para alimentar su reactor de investigación en la capital.

“En los próximos dos meses debe iniciarse la edificación de las cinco primeras y buscar la ubicación para las cinco restantes”, explicó la fuente.

Fars detalla, asimismo, que la decisión fue adoptada durante una reunión especial del gabinete convocada por el presidente, Mahmud Ahmadineyad, a su regreso de una gira que le ha llevado a Sudamérica y África.

El mandatario argumentó que Irán necesita producir 20.000 megawatios de electricidad para cumplir los objetivos del cuarto plan de desarrollo nacional, y para ello necesita las referidas plantas, que estarían dotadas de un total de 500.000 centrifugadoras.

Sin embargo, “Irán diseñará nuevas centrifugadoras con mayor capacidad para reducir el número”, afirmó Ahmadineyad, a quien también cita Fars.

“Debemos llegar a un nivel en el que podamos producir entre 250 y 300 toneladas de combustible nuclear al año. Para eso necesitamos nuevas centrifugadoras con mayor velocidad”, agregó.

La decisión del Gobierno iraní se produce apenas 72 horas después de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), aprobara una resolución de condena contra Irán por la falta de transparencia de su programa nuclear.

La resolución, la primera desde 2006, condena también al régimen de los ayatolá por haber ocultado la construcción de una nueva planta de enriquecimiento de uranio cerca de la ciudad santa de Qom, al suroeste de Teherán.

Su existencia fue desvelada el pasado 25 de septiembre por el presidente estadounidense, Barack Obama, quien acusó al régimen iraní de quebrar la confianza del mundo.

Aunque Teherán asegura que no violó la ley ya que informó al OIEA cuatro días antes del anuncio del mandatario estadounidense, la denuncia fue apoyada por el presidente del OIEA, Mohamad El Baradei.

La decisión podría contribuir a profundizar aún más el conflicto entre el régimen iraní y la comunidad internacional, que acusa a Irán de ocultar, bajo su programa nuclear pacífico, otro de naturaleza clandestina y aplicación militar cuyo objetivo sería la adquisición de armamento atómico. El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo en un comunicado que la iniciativa “es otro ejemplo de la decisión de Irán de aislarse”.

“La comunidad internacional ha dejado claro que Irán tiene derechos, pero esos derechos llevan aparejadas responsabilidades”, subrayó Gibbs.

Ayer, y en respuesta a la resolución adoptada el viernes por la Junta de Gobernadores, el Parlamento iraní pidió al Gobierno que reduzca el nivel de cooperación con el OIEA, como ya hizo en 2006.