La Fiscalía del Área de Menores de Ceuta, con sede en Cádiz, ha abierto diligencias de investigación sobre la devolución en "caliente" de menores en la reciente crisis migratoria de Ceuta, que provocó la entrada de miles de inmigrantes marroquíes, muchos de ellos menores, han indicado fuentes del Ministerio Público.

La Fundación Raíces denunció ante la Fiscalía de Menores el caso en concreto de un menor de 16 años que el pasado 19 de mayo llegó a Ceuta a nado, con un flotador hecho de botellas de plástico y mientras lloraba y decía a los militares españoles que estaban en la orilla: "Traten de entendernos, por Dios".

La escena fue grabada por un periodista en un vídeo que también captó cómo los militares españoles, tras consolarle, le acompañaban de vuelta a Marruecos.

Era, según relató después el muchacho a El País, su tercer intento de entrar de España en menos de 24 horas.

La Fundación Raíces, dedicada a "mejorar la calidad de vida, defender los derechos humanos y favorecer la integración social de los niños y jóvenes que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad" y "en especial aquellos cuyos derechos son vulnerados por las administraciones públicas y/o no tienen referentes adultos", decidió denunciar los hechos ante la Fiscalía de Menores.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía de Menores ha decidido abrir una investigación, ya que la ley prohíbe las devoluciones "en caliente" de menores de 18 años que hayan cruzado ilegalmente una frontera.

"Estos días en Ceuta no ha sido uno, han sido varios los niños devueltos en la frontera, violando nuestra legislación y los tratados internacionales", ha señalado a EFE Lourdes Reyzabal, presidenta de la Fundación Raíces.

Las autoridades calculan que de los entre 8.000 y 10.000 inmigrantes que entraron masivamente en Ceuta, unos 800 eran menores.

Lourdes Reyzabal califica "muy positivamente" que la Fiscalía haya decidido abrir diligencias de investigación. "Es fundamental", ha añadido.

La presidenta de la Fundación Raíces ha recordado que en 2014 España fue condenada por Naciones Unidas por devolver en la frontera Sur a un menor de edad, un caso que esta misma entidad llevó ante el Comité de Derechos del Niño.