Aunque la mayoría de los indultos pasan desapercibidos, muchos han tenido nombre propio por la repercusión social de la medida adoptada por el Gobierno y por el peso político del condenado, desde un exministro del Interior a un expresidente autonómico.

Medidas de gracia concedidas a políticos condenados por diferentes causas, desde los GAL a corrupción que también despertaron polémica, aunque no la polvareda política que han levantado los indultos a los presos por el procés que este martes va a aprobar el Consejo de Ministros.

Fue el Ejecutivo de José María Aznar el que aprobó en 1998 los indultos para el exministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, miembros del gobierno de Felipe González y condenados a diez años de cárcel por su implicación en la guerra sucia contra ETA, en concreto, por el secuestro de Segundo Marey por los GAL.

La Fiscalía se opuso ante la falta de arrepentimiento y al considerar que no eran "de justicia", pero el Tribunal Supremo informó a favor de un indulto parcial que fue la fórmula que acordó finalmente el Gobierno, reduciendo sus condenas a un tercio.

Barrionuevo fue el primer exministro de la democracia que entraba en prisión y años antes Juan Hormaechea había hecho también historia al convertirse en el primer presidente autonómico condenado por la justicia.

El expresidente cántabro fue condenado en 1994 a seis años de cárcel y catorce de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos, pero el último Gobierno de Felipe González le concedió un indulto parcial de la pena de prisión. Aquella condena acabó siendo anulada por el Constitucional, pero no fue la única a la que hizo frente Hormaechea a lo largo de su vida.

El indulto también ha beneficiado a alcaldes, como Jesús Gil. En 1994 el Gobierno concedió la medida de gracia al primer edil de Marbella tras una condena de dos meses de arresto y suspensión de cargo público por un delito de estafa.

Gil, que tuvo una larga trayectoria en los tribunales por su gestión en Marbella y al frente el Atlético de Madrid, ya había sido indultado años antes por el general Franco, previo pago de 400 millones de pesetas, cuando fue condenado por imprudencia temeraria, a raíz del hundimiento del restaurante de la urbanización Los Ángeles de San Rafael, donde murieron 58 personas.

Entre los indultos a políticos, está también el que se concedió en 2000 al exdiputado socialista Carlos Navarro, junto a Luis Oliveró y Alberto Flores, tres de los condenados por el caso Filesa, de financiación irregular del PSOE.

Sus penas de prisión, de entre diez y once años por delitos de falsedad continuada en documento mercantil, delito fiscal y delito contra la Hacienda Pública, fueron rebajadas a la mitad.

En 2012, el Consejo de Ministros sustituyó por sendas multas las penas de prisión impuestas al ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat Josep Maria Servitje y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, empresario de UDC y ex cuñado del dirigente Josep Sánchez Llibre.

Habían sido condenados por desviar fondos del Departamento de Trabajo, en el conocido como "caso Treball".

Desde entonces los indultos para condenados por casos de corrupción han prácticamente desaparecido.

Según los datos recopilados por la Fundación Civio, desde 1996 se han concedido 227 indultos a condenados por corrupción, la mayoría por delitos de prevaricación y malversación: 139 durante los gobiernos de José María Aznar; 62 con José Luis Rodríguez Zapatero; y 16 con Mariano Rajoy. El último fue aprobado en 2017.

Entre los indultos a políticos que no han prosperado está, por ejemplo, el solicitado por el expresidente balear Jaume Matas tras su primera condena, por tráfico de influencias. El Supremo rebajó la pena inicial de seis años de prisión a nueve meses y un día en 2013 y en 2014 el Gobierno le denegó el indulto.

El Ejecutivo también rechazó en 2014 el indulto para el exalcalde de Marbella Julián Muñoz por el caso Minutas, en el que fue condenado a siete años de prisión y diez inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos y a ocho años y medio de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, también vio en 2014 cómo el Gobierno le denegaba el indulto tras ser condenado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda.