Catorce años después de abrir Astapa, la defensa puede presentar sus escritos

Catorce años y medio después de que se abriera el caso Astapa contra la corrupción político-urbanística en Estepona, el instructor de la causa ha dado un plazo de sesenta días naturales a los abogados para presentar los escritos de defensa.

Han pasado tres años desde que se dictó el auto de apertura de juicio oral, ha destacado a Efe uno de los abogados defensores de la causa, José Carlos Aguilera, que ha denunciado que "a este paso pasarán años hasta que se inicie el juicio en la Audiencia Provincial de Málaga".

"Astapa será la causa más larga de nuestro proceso penal y donde las dilaciones indebidas sean las de mayor magnitud de la historia", ha subrayado Aguilera.

El fiscal presentó su escrito de acusación el 27 de junio de 2018 y ha solicitado diez años y nueve meses de prisión y treinta y ocho años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos.

Barrientos está acusado de delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, según el escrito provisional, que acusa a 51 personas, entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales y se pide el sobreseimiento de 39.

La investigación se inició en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron en Madrid, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)) del Cuerpo Nacional de Policía, un escrito acompañado de abundante documentación en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podían estar cometiendo delitos relacionados con la corrupción.

En el escrito acusatorio del fiscal, que consta de 162 folios, se explica que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el Ayuntamiento de Estepona para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.

El fiscal mantiene que dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, "que naturalmente no estaban obligados a soportar ningún pago que les viniera impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales".

Tales contribuciones se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores, lo que con frecuencia dio lugar a manipulaciones en el objeto de las correspondientes facturas o a la emisión de otros documentos falaces.

Los empresarios requeridos solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio y en los años siguientes se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa o medida relevante en materia urbanística.