A las diez menos cuarto de la mañana medio centenar de personas se agolpaban a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, con toda la expectación que supone el comienzo del jucio del ERE que acabó con 176 trabajadores del Ayuntamiento despedidos.
El alcalde, José María García Urbano, se encuentra en Málaga junto a varios concejales del equipo de Gobierno. El edil de Hacienda, Manuel Aguilar, José Antonio Vílchez, de Comercio, la concejala de Personal Pilar Fernández-Fígares y el hasta hace unos días edil de Deportes, Alfonso Caravaca, acuden en calidad de testigos, jjunto a otras cuatro personas que también han sido citadas a declarar, entre ellos el Secretario Adjunto, José Manuel Duarte, considerado testigo estrella ya que avanzó a ESTEPONA INFORMACIÓN recientemente que "el ERE no era legal", y el portavoz del PSOE en el Consistorio esteponero, David Valadez.
En la vista, la parte defensora argumenta que la plantilla municipal está sobredimensionada y que la ley no exige tener Relación de Puestos de Trabajo. Además, el despacho defensor asegura que muchas de las propuestas de los sindicatos para evitar el ERE no eran legales.
Por su parte, CCOO asegura que ediles presionaron a empleados municipales para aceptar rebaja una salarial. Según indican, se les sijo que "por cada 7% se puede salvar a 60 personas".
Tras él ha itnervenido el abogado del sindicato ATAE, que ha argumentado que la promesa electoral del Partido Popular de no despedir a nadie se ha incumplido con el Expediente de regulación de Empleo.
En estos momento tiene la palabra el representante legal de CSIF "El Ayuntamiento tiene una plantilla desorganizada antes y después del ERE porque no hay RPT".
UGT, a pesar de no haber puesto denuncia, ta homado también la palabra.
Como novedad principal, destaca que desde el Ministerio Fiscal se ha manifestado que "no existe trato vejatorio por que el Expediente de Regulación de Empleo se haya aplicado solo a personal laboral y se haya excluido al funcionariado".
Por parte del Ayuntamiento se ha llamado como testigos a la edil Pilar Fernández -Fígares y al jefe del departamento de Personal, Francisco José Rodríguez Márquez.
La vista
El Expediente de Regulación de Empleo, (ERE), que se llevó por delante a 176 trabajadores del Ayuntamiento de Estepona,comienza a ser juzgado esta mañana. La cita, en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga. Previsto inicialmente para el pasado 26 de septiembre, tuvo que ser pospuesto por falta de documentación que impidió que las partes pudieran estar listas para la vista. Se han acumulado en este procedimiento, cuyo juez instructor será el Magistrado Don José Luis Barragán Morales, las denuncias del Comité de Empresa, además de la de los sindicatos CCOO, ATAE y CSIF.
Antecedentes
La puesta en marcha por parte del Gobierno Central de un mecanismo de crédito para el pago a proveedores a los que los organismos locales adeudaban, provocó que, ante el desequilibrio de las cuentas municipales, Estepona tuviera que poner en marcha un Plan de Ajuste. Un saneamiento necesario y defendido por el Ayuntamiento como condición para acceder a éste y futuros préstamos que, una vez hechas las cuentas, obligaba a hacer un recorte de la friolera de 6 millones de euros. La iniciativa permitió el pago de 68 millones de euros en deudas, y que obligará al municipio a devolver este crédito durante la próxima década.
El equipo de Gobierno popular apostó por reducir el capítulo de personal, incidiendo en que se destina el 94% de los ingresos a esta partida. Además, recalcaron su negativa a subir impuestos en la localidad, una fórmula por la que sí han apostado otros municipios.
Las negociaciones
Equipo de Gobierno y sindicatos negociaron durante meses cómo rebajar el peso de las nóminas en el Consistorio. Para los populares, las propuestas de las fuerzas sindicales no conseguían arañar, “ni de lejos”, la cifra perseguida. Entre las sugerencias sindicales, la amortización de plazas presupuestadas, las prejubilaciones, eliminación de productividades y horas extras, reducciones de jornada... La falta de unanimidad entre los sindicatos, condición impuesta por el Gobierno popular, dejaba propuesta tras propuesta en papel mojado.
La “lista negra”
Ante la falta de acuerdo, el Consistorio sacó su propia propuesta: un ERE en el que se contemplaba el despido de 176 empleados. El periodo de consulta, tras conocer con nombres y apellidos los que estarían fuera del Ayuntamiento, deparó un mes de agonía y protestas de los afectados a las puertas del Palacio de Congresos. Pitadas, caceroladas y hasta una manifestación por las calles de la localidad que no consiguieron, pese a una votación a última hora sobre una rebaja salarial de casi el 23% a todos los laborales o despidos, que se diera marcha atrás al Expediente.
Ahora será la justicia la encargada de dictaminar a partir de este miércoles 17 si los 22 criterios en los que los populares sustentan el que es el primer ERE en un ayuntamiento en toda Andalucía, son o no justos. Y si había otras alternativas antes de los despidos.
