La decisión del Gobierno del Partido Popular de no pagar la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales de personas dependientes ha provocado que en Estepona hayan dejado de cotizar para la jubilación cientos de personas, mayoritariamente mujeres. Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado Miguel Angel Heredia, según la cual el número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social ha descendido de manera significativa.
Ante esta situación la secretaria de Política Social del PSOE de Estepona, Cristina Capablanca, ha denunciado la "demolición" que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia y ha criticado el "brutal recorte" de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el "intento soterrado de privatización". Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP "impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la Seguridad Social si quiere".
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización.
Esta situación ha llevado a la dirigente socialista a denunciar que el PP "hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia". Capablanca también ha afeado que "lo primero que hizo" el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. "Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad", ha añadido.
La dirigente socialista considera que el PP "se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia" y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, ha denunciado que el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta andaluza, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un "desequilibrio" que "pone en riesgo el futuro de la Ley" ya que la administración regional "no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar".
