La Audiencia de Pontevedra ha vuelto a señalar el juicio contra Nené Barral, exalcalde de Ribadumia (Pontevedra), detenido hace 21 años como presunto líder de una organización criminal dedicada a la introducción en Galicia de tabaco de contrabando.

El último intento por celebrar este juicio fue el pasado mes de julio, pero la vista tuvo que ser suspendida por la enfermedad de una de las personas que iba a intervenir en el juicio.

Ahora, los magistrados han citado a todas las partes para este viernes 30 de septiembre, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Para el regidor, que gobernó este municipio pontevedrés bajo las siglas de Alianza Popular y el Partido Popular entre 1983 y 2001, cuando fue forzado a dimitir tras su detención, la Fiscalía pide una condena de 10 años y medio de prisión.

Junto a otras once personas, entre ellas su hermano Feliciano Barral, se le acusa de los delitos de asociación ilícita, contrabando, revelación de secretos por funcionario público y cohecho.

Además, el fiscal reclama al exregidor, que tiene actualmente 78 años, que abone una multa de 15 millones de euros por su actividad continuada en el ámbito del contrabando de tabaco.

Los investigadores consideran que Nené Barral lideraba un grupo "organizado, estable y jerarquizado" para introducir en España y en Europa tabaco de procedencia extracomunitaria, tanto por vía marítima como terrestre, a través de dos pesqueros y un buque mercante.

En esta organización, en la que colaboraban personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca, operó fundamentalmente entre los años 1996 y 2001, teniendo su centro de operaciones en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Durante todo ese tiempo, según los datos de Hacienda, acumularon una deuda tributaria por la importación de este tabaco de contrabando que rozó los 5 millones de euros.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, documenta al menos tres operaciones de gran calado que, según las autoridades, Barral gestionaba incluso desde su despacho en el Ayuntamiento recurriendo a habituales 'soplos' por parte de diversos funcionarios públicos.

El exalcalde, subraya el fiscal, "mantenía estrechos lazos de amistad con guardias civiles y simultáneamente disponía de información sobre las actuaciones de Vigilancia Aduanera" para garantizar el éxito de sus operaciones de contrabando.

La operación que precipitó su detención, en mayo de 2001, y su posterior dimisión como regidor de Ribadumia, fue la incautación de cuatro contenedores con 432.000 cajetillas de tabaco, que iban camufladas a bordo de un barco que atracó en el puerto de Vigo.