El Ministerio de Igualdad no tiene duda de que Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) que fue condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores, debe ser indultada y hará todo lo que pueda para que así sea.

El Tribunal Supremo se opuso este jueves, por unanimidad, a la concesión del indulto total a Rivas y no alcanzó un acuerdo para apoyar uno parcial, dada la división de los magistrados, ocho a favor y otros tantos en contra de apoyar la medida.

Así, el Supremo ha enviado un informe al Gobierno, que es el que tiene la última palabra para conceder o no el indulto, en el que se recoge la postura de ambos grupos y explica que su función es la de ilustrar al Ejecutivo sobre los elementos que recomiendan o desaconsejan hacer uso del derecho de gracia.

Fuentes del departamento que dirige Irene Montero señalan a Efe que el Gobierno sabe que hay que proteger a las mujeres y que Igualdad hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo.

Por eso, insisten en que el Ministerio de Igualdad no tiene ninguna duda de que "Juana Rivas debe ser indultada".

Actualmente, Rivas cumple la sentencia en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada después de que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimara el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado que se le había concedido.

La mujer vino a España con sus hijos -nacidos en 2006 y 2014- en julio de 2016 para visitar a su familia en Granada y decidió no regresar a Carlofonte (Italia), donde hasta entonces residía la familia.

El padre de los niños reclamó en Italia la guarda y custodia de los menores y la obtuvo en junio de 2017, pero cuando llegó a España a recogerlos, la madre desapareció con ellos para no entregarlos, aunque finalmente lo hizo un mes después.

Una vez conocido que ocho de los dieciséis magistrado está a favor del indulto parcial, el abogado de Rivas, Carlos Aránguez, se mostró este jueves confiado en que el Gobierno pueda conceder "en los próximos días" esta medida de gracia a la mujer.