Condenan a sindicato a indemnizar a afiliada con 15.000 euros por vulnerar derecho

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado de forma íntegra la sentencia del Juzgado de lo Social 4 de Granada por la que se condena al Sindicato Andaluz de Funcionarios al pago de una indemnización de 15.000 euros por daños morales al vulnerar derechos fundamentales de una afiliada.

Según ha informado en un comunicado este jueves el despacho Ignacio Pozo y Asociados, se trata de la tercera sentencia dictada en cuatro años contra la referida central sindical, que ya fue condenada en 2018 y 2021 por grave vulneración de los derechos fundamentales de sus afiliadas.

El origen del conflicto se remonta a la dimisión en enero de 2015 del presidente del comité ejecutivo provincial de SAF-Granada elegido en el año 2013, lo que provocó la dimisión del resto de los vocales por así establecerlo el estatuto, entre los que se encontraban estas afiliadas.

A los dos meses de la dimisión se nombró una comisión gestora en Granada, que fue la encargada a su vez de convocar un proceso congresual para elegir un nuevo presidente fijado, para el mes de julio de 2015.

En el citado proceso congresual de SAF-Granada se presentaron dos candidaturas, una de ellas presuntamente afín al aparato del sindicato al estar integrada por un miembro que formaba parte a la vez del máximo órgano de gobierno del sindicato a nivel regional y de la comisión gestora que había convocado el congreso.

El bufete ha explicado que dicha candidatura fue impugnada por una de las afiliadas y su reclamación fue estimada por el órgano rector del congreso, que era la mesa electoral coordinadora, que declaró nula la candidatura, por lo que solo se podía proclamar como válidamente presentada la otra presentada.

Los integrantes de esta última se convertirían en el mes de julio de 2015 en el nuevo comité ejecutivo provincial de SAF-Granada.

Sin embargo, esta situación no llegó a producirse ya que los máximos dirigentes regionales de la central sindical, al conocer que la candidatura integrada por uno de sus miembros había sido declarado nula, decidieron anular la convocatoria del congreso y convocar otro nuevo, lo que obstaculizaría que la otra candidatura pudiera ser válidamente proclamada.

A partir de ese momento, según el despacho, cuando comenzaron las represalias contra las afiliadas, que tras años de reclamaciones judiciales han quedado "finiquitadas" con esta última condena.